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Rebeca Henríquez
@RebeHenriquez
La Plataforma Nacional por el Hábitat, conformada por diferentes instituciones aliadas entre ellas la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), lanzó la campaña “Vivienda para todos y todas”, una iniciativa que nació con el objetivo de concienciar sobre la importancia de crear condiciones de viviendas dignas para familias de escasos recursos para la construcción de un marco jurídico en favor de las mayorías.
“La vivienda adecuada es un derecho humano, planteada de necesidad de toda persona a vivir en condiciones de dignidad, paz, seguridad, es decir, las condiciones necesarias para un buen desarrollo y una vida plena. Este derecho está reconocido en la declaración universal de derechos humanos y el pacto internacional de derechos económicos sociales y culturales”, argumentó la Plataforma Nacional.
Con base a la encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples de 2021, la Plataforma determinó que aproximadamente el 50% de las familias salvadoreñas no son propietarias del lugar donde residen, lo que infringe el derecho establecido en las leyes salvadoreñas que declara de “interés social” la construcción de viviendas, en el cual el Estado debe procurar que el mayor número de familias lleguen a ser propietarias de su vivienda, según el art. 119 de la Constitución.
De acuerdo a la plataforma, y con base a datos del Estado salvadoreño y la plataforma, la situación de la problemática en Centroamérica hasta el 2016, presentó un déficit habitacional en El Salvador hasta el 91% de los hogares, lo que significó que, de cada 100 familias, 91 no cuentan con una vivienda, y las personas que cuentan con una, es de mala calidad.
“El problema de acceso a una vivienda adecuada no es igual para todo el país, son las familias que habitan en los asentamientos precarios urbanos y rurales quienes más sufren esta situación. Para atender esta problemática es necesario que las instituciones correspondientes generen alternativas que impliquen cambios estructurales y sostenibles en los cuales prioricen los sectores históricamente excluidos, garantizando aspectos importantes como la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y acceso a servicios básicos siendo estas medidas urgentes”, destacó.
La Plataforma ha trabajado durante 14 años una propuesta de ley de vivienda de interés social que sea adecuada a la realidad económica y social de las familias de escasos recursos o con fuentes de ingresos del sector informal, en las diferentes administraciones gubernamentales del país desde el 2008, los cuales “no les han dado la debida importancia”, postergaron el estudio de la problemática y la aprobación del proyecto de ley.
El proyecto tiene como eje central a las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad, la sostenibilidad de las acciones financieramente para reducir el déficit habitacional, basadas en las áreas de reconocimiento humano a la vivienda; acceso al suelo, financiamiento y subsidio para la familia y una institunacionalidad articulada, para garantizar viviendas adecuadas.
La Plataforma recalcó que la campaña pretende visibilizar las condiciones de vida de las familias urbanas y rurales del país. Asimismo, generar espacios de diálogos con instituciones estatales como el Ministerio de vivienda y la Asamblea Legislativa para construir un marco normativo en favor de las mayorías.
La plataforma señaló que esperan que el Gobierno de Nayib Bukele retome las conversaciones que iniciaron en el 2019, y el ministerio de Vivienda, al cual solicitaron una audiencia con la ministra de esta cartera de Estado, Michelle Sol, en el mes de noviembre de 2022, y de la cual aún no tienen respuesta.
