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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La seguridad jurídica en la tenencia de la tierra es una de las manifestaciones del derecho a la vivienda adecuada, y evita que se generen desalojos forzosos, sin embargo, según la Encuesta de Hogares y Propósitos Múltiples del año 2020, de 1,871,468 hogares en el país solamente el 53.7% son propietarios de su vivienda, es decir, de cada 100 hogares únicamente 53 poseen certeza jurídica de la vivienda que habitan.
Mientras que, el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) determinó el 91% del déficit habitacional, es decir, de cada 100 familias 91 tienen una vivienda de mala calidad o no tienen una vivienda en términos cualitativos y cuantitativos.
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y el Movimiento Nacional en Defensa de la Tierra (MOVITIERRA) señalaron que el Estado lejos de promover acciones en favor de las familias salvadoreñas en materia de vivienda adecuada, posee normativas que transgrede dicho derecho y promueve desalojos forzosos, que crea procedimientos expeditos para el desalojo de familias en condición de vulnerabilidad.
Fernando Martínez, representante de MOVITIERRA, explicó que debido a los desalojos forzosos en el país presentarán en los próximos días a la Asamblea Legislativa, una pieza para la derogatoria del decreto 23 del año 2009, concerniente a la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, a fin de detener estas prácticas en las comunidades, lo cual atenta contra el derecho a la vivienda.
Pedirán que se emita de forma urgente la derogatoria de dicha ley y no se utilicen mecanismos para dilatar el proceso a seguir, o peor aún que el expediente sea archivado.
Sergio Ortiz, de MOVITIERRA, manifestó que mientras no se derogue el decreto legislativo 23-2009 el sistema de justicia y de manera particular, los Juzgados de Paz deben ser garantes de la protección de los derechos de audiencia, defensa y debido proceso, en los casos que le corresponda dirimir conflictos de tenencia de la tierra que potencien desalojos forzosos, de igual manera a sustentar sus resoluciones con un enfoque de derechos. “Al Ministerio de Vivienda como instancia rectora en el tema de vivienda en el país, pedimos la creación y ejecución de un programa que brinde atención integral inmediata a familias en proceso de desalojo; además, que sea acompañante en la búsqueda de soluciones habitacionales ante los desalojos forzosos, y que estas sean acorde a los parámetros internacionales del derecho a la vivienda”, enfatizó Ortiz.
Los representantes de MOVITIERRA señalaron que el Estado en su calidad garante de los derechos, bienestar y desarrollo de la población salvadoreña debe proveer herramientas que garanticen seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a las familias históricamente excluidas, la falta de la misma, ha generado que las familias se asienten en tierras propiedad del Estado, municipalidades, propiedad privada o áreas naturales protegidas.
Tal es el caso de las familias asentadas en el kilómetro 53 de la carretera El Litoral, cerca de la Lotificación Costa Azul y cantón El Zonte; 35 familias en calle Hacienda El Zope, en Acajutla, departamento de Sonsonate; 126 familias que se encuentran amenazadas de desalojo en la comunidad Bendición de Dios, San Miguel; 700 familias que temen ser desalojadas en la Hacienda Normandía, Jiquilisco, Usulután y 86 familias de la comunidad 10 de Mayo, del cantón Loma La Gloria, Ahuachapán.
Teresa Hernández, representante de FESPAD, recalcó que la Ley Especial para la Garantía de la Propiedad o Posesión Regular de Inmuebles, en su momento afectó social y económicamente a las familias, por lo cual, de nuevo hacen un llamado a la derogación del decreto.
“Desde que el decreto fue promulgado FESPAD ha acompañado a las comunidades, se ha tenido una serie de reuniones, audiencias y no hubo un paso atrás, después de 6 de haber mandado a archivo esta pieza de derogación de la ley, nuevamente se presentará a la Asamblea Legislativa”, afirmó.
Asimismo, detalló que la aplicación del decreto 23 no solo es para comunidades, sino también en casos particulares, de los cuales ya hay conocimiento que incluso entre familias es utilizado, “es un decreto que mantiene un procedimiento ágil y eficaz, pero lleva violaciones a las garantías procesales, en término de 12 que se interpone la demanda puede ser decretado un desalojo”, agregó.
La observación general número 7 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), define el desalojo forzoso como el hecho de hacer salir a personas, familias y comunidades de los hogares o tierras que ocupan, en forma permanente o provisional, sin ofrecerles medios apropiados de protección legal o de otra índole, ni permitirles su acceso a ellos.
Para FESPAD y MOVITIERRA, el derecho humano a la vivienda no solo trata de espacios físicos, sino también de fomentar condiciones de paz, seguridad y dignidad, a fin de un buen desarrollo de proyectos de vida.
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