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De juzgadores a juzgados, find los jueces salvadoreños, muchos de quienes son acusados de actos de corrupción, podrían ser llevados al banquillo de los acusados por la Fiscalía General, que ha denunciado una serie de irregularidades en procedimientos legales y ha clamado por una depuración en el Órgano Judicial.
La lista de jueces y empleados judiciales que engrosan acusaciones de actos de corrupción es larga en el Departamento de Investigación Judicial, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero sus resoluciones sobre esas denuncias guardan el “sueño de los justos”.
Sin embargo, el Fiscal General, Douglas Meléndez, ha advertido que llevará hasta el mismo seno de los tribunales a un número de jueces impreciso, contra quienes el titular del Ministerio Público anunció que pedirá el desafuero ante el Máximo Tribunal de Justicia del país.
Sentencias “ingratas”
“Estamos abriendo algunas investigaciones”, sentenció el funcionario, tras quejarse de la conducta profesional de algunos jueces en procesos y procedimientos legales, y por la emisión de sentencias “ingratas e ilegales” en los tribunales.
“Hemos hecho las quejas correspondientes y no nos va a bastar hacer algunos señalamientos públicos”, advirtió Meléndez, quien reveló que algunos casos de presunta corrupción de jueces, han sido denunciados ante Magistrados de la CSJ.
“No es posible que un funcionario, porque un fin de semana anda en la playa y nosotros trabajando contra el crimen, y un funcionario solo porque anda paseando, no nos quiera acompañar en el ataque y la investigación”, se quejó Meléndez.
Recordó que en una audiencia contra una banda de delincuentes en un tribunal de San Miguel, en el oriente salvadoreño, un juez “hace ciertas manifestaciones provocando que lo excusen y así sucedió”.
Jueces procesados
Al menos tres jueces y un ex jefe de la Fiscalía de San Miguel son procesados en un tribunal migueleño por haber supuestamente recibido dádivas del Crimen Organizado, mientras un juez de una Cámara de lo Penal que estaría vinculado con estructuras delictivas, fue asesinado el año pasado junto a su esposa en su casa en esa ciudad.
También en una redada el mismo año en San Miguel, las autoridades capturaron a más de 200 personas, entre jueces, abogados y fiscales, por recibir sobornos de organizaciones criminales para lograr la libertad de delincuentes procesados.
El Fiscal General se ha sumado a la larga lista de organizaciones de la Sociedad Civil, incluidos diputados, principalmente del oficialismo, que han pedido a gritos al Órgano Judicial su depuración por los elevados niveles de corrupción que campean en sus estructuras.
Depuración estancada
Desde la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, la depuración del Órgano Judicial ha quedado rezagada, pese a que fue una de las condiciones de los suscriptores de los compromisos para lograr el fin de la guerra civil en este país centroamericano.
“Creería que el Órgano Judicial y sus jueces, aún y cuando con su propia independencia, deben colaborar”, recomendó Meléndez, al quejarse de otro funcionario judicial que “no nos quiso recibir” cuando faltaban horas para concluyera el término de inquirir contra un imputado.
“Son casos que no los podemos permitir”, advirtió el Fiscal General, y reiteró que “estamos abriendo algunas investigaciones” contra varios jueces.