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El dictamen a favor de que se le quite el fuero al viceministro de seguridad y director de la Policía Nacional Civil (PNC), comisionado Mauricio Arriaza Chicas, de parte de la Comisión de Antejuicio de la Asamblea Legislativa, no solo es una acción apegada a la legalidad, sino de valentía. Acto de legalidad porque la Comisión de Desafuero de la Asamblea Legislativa simplemente respondió a una petición de la Fiscalía General de la República, debido a que el director de la PNC, Arriaza Chicas, se negó a cumplir, en dos ocasiones, una petición de la Asamblea Legislativa, que le exigió llevar por apremio a los ministros de Hacienda y de Salud, Alejandro Zelaya y Francisco Alabí, respectivamente. Y de valentía, porque quienes dieron su voto a favor del dictamen para el desafuero, cinco en total, se han expuesto a los ataques de Casa Presidencial y de los miles de seguidores en las redes sociales. Seguramente los dos diputados que votaron en contra, entre los que se encuentra un coronel en calidad de retiro, tuvieron miedo a los ataques de los allegados del presidente, o porque quieren su beneplácito para ser reelegidos diputados nuevamente el 28 de febrero.
Hay que aclarar que el desafuero lo da la Asamblea Legislativa en el pleno, a partir, por su puesto, del dictamen de la comisión respectiva. Y es lo que aprobó la Comisión de Desafuero y que tendrá que ser sometido en el pleno legislativo esta o la otra semana.
Durante su comparecencia en la Comisión legislativa, los abogados intentaron convencer a los diputados de que el viceministro y director Arriaza Chicas hiciera lo que le correspondía de acuerdo con la Constitución, y en otro momento que habría girado las instrucciones para localizar a los ministros en comento.
No obstante, hay registros televisivos con declaraciones del comisionado Arriaza Chicas, en los que expresa que no cumplió la orden de la Asamblea, de llevar por apremio al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, porque éste tiene fuero constitucional.
Y es cierto que todos los ministros tienen fuero constitucional, lo que impide que en un delito común el funcionario no pueda ser capturado, al menos que esté flagrancia. No obstante, cuando no se trate de ese tipo de acciones delictivas, la policía sí debe cumplir una orden emanada de la Asamblea Legislativa y así está establecido en el artículo 132 de la Constitución de la República, de lo contrario no tendría sentido este artículo.
El artículo 132 dice: “todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de Instituciones Oficiales Autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las Comisiones Especiales de la Asamblea Legislativa; y la comparecencia y declaración de aquellos así como las de cualquier otra persona, requeridas por las mencionadas comisiones, serán obligatorias bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial”
“Más claro que el agua”, dice un dicho popular cuando las cosas son evidentes y que no necesitan explicación alguna, y el artículo 132 reúne ese requisito, y si el director de la PNC y viceministro de seguridad es abogado, pues no debió quedarle ninguna duda de lo que debió haber hecho.
Como hemos dicho antes, será en el pleno legislativo donde, finalmente, se decidirá si se le quita el fuero al viceministro o no para que la Fiscalía pueda procesarlo en los tribunales comunes. Pero al final ha quedado una lección, que el resto de los funcionarios públicos deben haber aprendido: que deben respetar la ley, comenzando por la Constitución.
Podríamos especular que el señor director desobedeció la orden de la Asamblea Legislativa, porque el Presidente de la República así se lo ordenó, bajo la creencia que en este momento el presidente tiene el poder total, tanto el que le otorga la ley como el de facto, y que es capaz de incidir en cualquier institución o meterles miedo a todos los funcionarios, por lo que quienes le obedezcan no serán alcanzados por la ley. Pero aún no es así, pues hay funcionarios en otros órganos del Estado independientes y otros y otras, incluso valientes, que harán todo por respetar la ley, y no se dejarán amedrentar por nadie, incluso, por el presidente de la República.
