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Alexander Pineda
@Alex92DCL
El politólogo y catedrático de Sociología y Ciencia Política de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), Álvaro Artiga, disertó en una actividad académica organizada por la Asociación de Estudiantes de Derecho de la UCA (ASEDUCA), que tuvo por objetivo discutir la situación del agua en El Salvador.
El académico destacó que hay una marcada disputa por quiénes conformarán la entidad reguladora de los usos del agua, cuando también debería tratarse de fortalecer el cuido del recurso, y actuar en favor de preservar las zonas de recarga hídrica.
“Hay que ver la problemática del agua más allá de quién la administra, que es importante, sí, pero el problema trasciende a la existencia del recurso en el país, los ríos se están secando y de eso no se está hablando, es necesaria una visión más integral del problema”, expresó Artiga.
Ante el cambio de gobierno, en junio próximo, Artiga le instó a “hacerse cargo de la salud de un importante afluente como el río Lempa”, dado que es este el que constituye la columna vertebral de la vida productiva en El Salvador y actualmente se encuentra amenazado.
Asimismo, el politólogo hizo hincapié en la necesidad de que instituciones estatales, como el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, promuevan programas de sensibilización a la gente acerca de la situación del vital líquido en el país, pues en la actualidad gran parte de la población no está consciente de la dimensión de la problemática.
El 22 de junio de 2017 la UCA, junto a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), presentó a la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa, una propuesta que plantea una modificación al proyecto de Ley General de Aguas, para que el ente regulador sea de carácter público y se descarte el control de la empresa privada sobre el recurso hídrico.
El documento hace una comparación de la legislación de 13 países latinoamericanos, muestra que en estos hay una clara tendencia hacia la institucionalidad pública del agua, diferenciando entre la autoridad del agua (siempre público-estatal) y los prestadores de servicios (públicos, privados o mixtos). El estudio fue presentado públicamente el 23 de abril de 2018.
