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El Presidente Salvador Sánchez Cerén ha llamado la atención sobre el nivel de endeudamiento del país. Durante el “Festival del Buen Vivir”, realizado este fin de semana en la ciudad de Usulután, el gobernante consideró una amenaza la deuda que supera el 60% del PIB y urgió de un pacto fiscal.
Con estas declaraciones el Presidente abre un debate que no puede postergarse más: el alto nivel de endeudamiento resultante de la deuda contraída por las administraciones de ARENA y los nuevos préstamos adquiridos por los gobiernos de la izquierda, que optaron por más deuda pública ante el rechazo de la oposición política a una reforma fiscal progresiva y el boicot de la Sala Constitucional a los ingresos gubernamentales.
Pero un debate integral sobre el problema del endeudamiento público debería plantear, en primer lugar, la necesidad de una “auditoría de la deuda” que determine, entre otras cosas, las condiciones en que fue adquirida y el destino que tuvieron los fondos.
Esto porque en la época de ARENA muchos préstamos tenían condiciones desfavorables, influyeron en políticas económicas y finalmente se fueron al saco de la corrupción. Por ejemplo: las privatizaciones en el gobierno de Armando Calderón Sol (pensiones, telefonía, distribución eléctrica) fueron todas requisitos de préstamos del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional; y los préstamos que serían para construir el ex bulevar Diego de Holguín y el Hospital de Maternidad, para citar sólo dos casos, fueron robados por los gobiernos de Francisco Flores y Antonio Saca, respectivamente.
Por tanto, la deuda que sirvió para imponer las nefastas medidas neoliberales y cuyos fondos fueron robados o malversados por ex presidentes, ex ministros u otros ex funcionarios, el país no está obligado a pagar.
En segundo lugar, proponer a los acreedores una renegociación del pago de la deuda, que anule la deuda espuria (que fue chantaje para privatizar o que fue robada por los gobernantes de turno) y restablezca condiciones de pago más favorables para la deuda legítima.
Y, en tercer lugar, insistir en la urgencia de combatir la evasión y elusión tributaria y de aprobar una reforma fiscal progresiva, para evitar más deuda. Hay que perseguir a los empresarios sinvergüenzas que evaden 1,500 millones de dólares anuales, derogar las 23 leyes que permiten la elusión tributaria y aprobar una política fiscal donde “paguen más quienes tienen más”.
Estos tres aspectos -auditoría de la deuda, renegociación con acreedores, y combate a la evasión y aprobación de reforma fiscal progresiva- son elementales en una discusión a fondo sobre el endeudamiento del país.
