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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
Cuando todo indicaba que las diferencias sobre la propuesta de Ley de Responsabilidad Fiscal habían sido resueltas en la mesa financiera, creada entre el Gobierno y el partido Arena, y que su aprobación quitaría las dudas para aprobar la emisión de bonos por 1,200 millones de dólares, cayó como agua fría la negativa de Arena. El análisis de las consecuencias de no convertir la deuda de corto plazo en deuda de largo plazo, es algo que los diferentes segmentos sociales han comprendido, igual que comprenden la motivación política de quienes se niegan a resolverlo.
El FMLN expresó con claridad su voluntad de votar por estas dos leyes, con pleno conocimiento en cuanto al origen estructural del déficit en la caja del Estado: las presiones políticas ejercidas desde la Sala de lo Constitucional que quita tributos e impidió usar 900 millones autorizados en 2015, las obligaciones crecientes de una deuda de pensiones, el no pago de tributos y la existencia de deudas firmes para con el fisco por parte de algunas empresas. Todos estos aspectos ameritan ser analizados con franqueza, sin manipulaciones, como la generada alrededor de la propuesta de reformar el sistema de pensiones.
Este debate debe ser asumido por todos, para dejar de ser consumistas de mensajes pre fabricados por quienes se lucran de la privatización de pensiones, por quienes se lucran de la deuda del Estado y por quienes evaden o eluden el cumplimiento de sus responsabilidades: el pago de sus tributos. Debe privar el interés del desarrollo social y económico de la sociedad en su conjunto, en vez de proteger el acaparamiento de la riqueza por unos pocos. La función redistributiva del Estado supone corregir su estructura tributaria regresiva, para que deje de sufragarse el desarrollo económico con impuestos indirectos y emisión de deuda.
Las universidades, los economistas, los partidos políticos, las organizaciones sociales en general y las de trabajadores en particular, deben ser parte activa de este debate, la base informativa es pública desde el Banco Central de Reserva y el Ministerio de Hacienda. Hoy, como nunca antes, disponemos de la información objetiva que debe ser la base del análisis y posicionamiento político. Afirman los economistas, que el déficit presupuestario del sector público es equivalente al superávit presupuestario del sector privado; y que la deuda del sector público es equivalente a la riqueza del sector privado.
Equilibrar las finanzas como sinónimo de ajuste al gasto público puede ser fatal para el crecimiento de la economía y por eso el debate debe ser lo más incluyente, para que las opciones sean beneficiosas para las mayorías.
El equilibrio sostenible de las finanzas es un objetivo deseable, si ello representa mantener y aumentar el empleo, acabar con la precarización de los salarios del sector privado, mantener las políticas y los programas sociales y la reforma de salud, así como resolver el problema de las pensiones, disminuyendo su peso en la deuda estatal, que hoy representa la mayor parte del déficit fiscal (1.4% sin pensiones y 3.3% con pensiones).
El equilibrio se alcanzará en la medida que la presión tributaria se acerque al menos al promedio latinoamericano, que es de 22.85 del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que en nuestro país es de 15.8% PIB. Somos el único país sin impuesto al patrimonio, sabiendo que la mayor proporción de la riqueza se concentra en un par de centenares de familias.
El debate de la situación económica y financiera debe permitirnos resolver lo que jamás resolvieron ni podría resolverse con gobiernos de derecha: disminuir la desigualdad y la pobreza, poner freno a los privilegios de grupos minoritarios y apoyar la inclusión de la mediana y pequeña empresa al desarrollo económico y social del país. Unas cuantas comparaciones de antes del 2009 y hoy bastan para entender el horizonte que el país debe afianzar con la participación de todos.
Niños y niñas con acceso a computadora, con útiles, uniformes y alimentos, pacientes atendidos en el sistema público, recetas entregadas y despachadas, propiedades legalizadas en el campo y vías en desuso, producción de granos básicos generada por pequeños agricultores, créditos otorgados a la producción por la banca pública, créditos de vivienda y construcción de vivienda, apoyo a los municipios, atención y empoderamiento de las mujeres, jóvenes con opciones de estudio y trabajo.
Es esto lo que debe defenderse, es esto lo que sufriría si por intereses electorales de un partido y el grupo económico que les respalda, se deja convertir en impago una crisis financiera que se puede resolver con voluntad política.
Vivimos en otro momento de la historia pese a las mentiras reproducidas con estridencia por medios de comunicación masiva, y por eso el debate que tiene lugar en la Asamblea Legislativa, en la Presidencia de la República debe abarcar a todos y todas.
