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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Días atrás, el Ministerio de Hacienda informó a la población sobre nuevas medidas para luchar contra la evasión y elusión fiscal, que según estudios realizados por la institución, estas prácticas le representan al país una pérdida anual de un mil 500 millones de dólares en cobros correspondientes a Impuesto al Valor Agregado (IVA) y Renta.
Este anuncio ha provocado reacciones diversas en el sector empresarial, quienes dice que se trata de una “persecución”.
“Las medidas que se están implementando no responden a una persecución hacia los empresarios, tampoco son antojadizas o arbitrarias, estos procedimientos son legales y están contemplados en la ley desde el año 2004, así que no estamos incurriendo en ilegalidades, todas las herramientas que estamos aplicando a la hora de realizar los cobros están en el marco de la legalidad”, explicó Mario Menéndez, Director de Cobros de Deudas Tributarias y Aduaneras del Ministerio de Hacienda.
Según la institución, existe un aproximado 19 mil personas naturales y jurídicas, que utilizan recursos que la ley permite para retrasar sus pagos al estado. Estas maniobras van desde hacer caso omiso a los avisos de pago que realiza Hacienda, tanto por la vía telefónica como por correo, hasta presentar recursos a la Sala de lo Contencioso Administrativo.
En cuanto a las medidas que implementa la Dirección de Cobros para hacer efectivo el pago de dichas deudas están: la ejecución de un nuevo esquema de fiscalización que investigará a contribuyentes con hallazgos de evasión y elusión fiscal, previamente identificados por irregularidades en su incremento patrimonial, compra y venta de inmuebles y vehículos así como ventas no declaradas; además, impulsará controles efectivos para los que incumplen sus obligaciones de IVA y Renta.
Menéndez, además, agregó que quienes tengan deudas con el estado no recibirán las solvencias necesarias para adquirir financiamientos, licitar y vender inmuebles entre otras actividades comerciales.
También, informó que a quienes no paguen sus impuestos a pesar de los avisos por parte de la institución se les inmovilizarán cuentas bancarias e inmuebles y se autorizará a pagadores para que retengan los ingresos a empresas deudoras. También se retendrá hasta el 10% de su salario a personas naturales que adeuden al fisco.
“Esto se hará para garantizar que exista un respaldo que garantice que Hacienda recupere lo adeudado en impuestos, ya que en la práctica hemos encontrado empresas grandes que al efectuar una auditoría para hacer el cobro, estas no cuentan con inmuebles, ni número de registro a nombre de la sociedad que fundó la empresa, todo está a nombre de terceros que pueden ser apoderados legales o familiares y en algunos casos ni siquiera poseen nada a su nombre dentro del país, sino en paraísos fiscales”, indico Menéndez.
En cuanto a los señalamientos hechos por empresarios y por algunos medios de comunicación de que estas nuevas formas de cobro vienen a afectar a las personas pobres, el funcionario explicó que no es verdad, ya que quienes evaden impuestos en el país no son en su mayoría personas naturales, sino empresas fuertes.
“Estas nuevas modalidades de retención de impuestos no vienen a afectar a personas que deben menos de mil dólares a la institución, ya que estas no son quienes se valen de todos los mecanismos y vacíos legales para evadir y retrasar el pago de sus obligaciones fiscales, sino a las empresas que tienen recursos para pagar abogados que estén efectuando maniobras ante la Sala de lo Contencioso para no pagar, procesos que suelen durar años para resolverse en algunas ocasiones” Indico el director de cobros.
En cuanto a las empresas que trasladan sus capitales a paraísos fiscales para evadir impuestos y no ser detectadas por las auditorías, el funcionario adelantó que ya existe un documento que se está estudiando en la Asamblea legislativa, que permitirá establecer una alianza con 190 países entre los cuales hay varios denominados paraísos fiscales, para que el estado salvadoreño pueda pedir información sobre empresas o representantes de estas que no tengan inmuebles a su nombre en el país, identificar si tienen propiedades a su nombre en alguna de estas naciones y así efectuar procesos en conjunto para realizar el cobro de impuestos.
