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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“El Régimen de Excepción no ha parado los desplazamientos forzados internos. De acuerdo a nuestro registro entre el 26 de marzo al 15 de junio, hemos registrados a 85 personas, la mayor parte reportaron amedrentamiento y amenazas como detonante del desplazamiento”, dijo, Rina Monti, directora de investigaciones de CRISTOSAL.
En el marco de la Conmemoración del “Día Internacional de los Refugiados, CRISTOSAL informó el registro de 38,665 detenciones en la frontera Sur de Estados Unidos. Sumado a 5, 041 personas retornadas en su intento de salir de El Salvador en busca de nuevas oportunidades, en el contexto de una grave “crisis humanitaria y violencia” que impera en el territorio nacional.
CRISTOSAL hizo un llamado a la reflexión para las autoridades del Estado salvadoreño a crear políticas integrales de seguridad pública, sin vulnerar los derechos humanos del pueblo.
En su Tercer Informe, la organización de derechos humanos reiteró, la perpetración de hechos violatorios ejecutados en su mayoría por personal de la Policía Nacional Civil (76.8%) y un 16.2% por efectivos de la Fuerza Armada. Por lo que recomendaron “derogar el Régimen de Excepción”, y respetar el Estado de Derecho.
Monti, en la presentación de los últimos casos registrados, llamó la atención en el porcentaje del 81.5% de las denuncias de las personas afectadas por “desplazamientos forzosos”, y es que los victimarios fueron las “pandillas”, y en un 4% de esas denuncias fueron agentes de la PNC.
“Las razones de los desplazamientos en la mayoría de los casos fueron amenazas, con un 24.3%, y amedrentamiento, un 23%. Mientras, los otros motivos corresponden a homicidio de algún familiar (8.8%), por extorsión 7.4%”, afirmó.
“Y sobre los hechos de violencia por orientación, expresión o identidad sexual un 5.4%. También hubo casos que reportaron violencia intrafamiliar, un 4.1% o desaparición familiar con 2.7%”, acotó Monti.
En cuanto al género de las víctimas CRISTOSAL registró que un 86.3% son hombres y 11.9% mujeres . Mientras que los rangos de edad de los afectados están entre los 18 a 30 años (58.5%) y en el rango de los 31 a 41 años de edad (24.2%).
“Los desplazamientos forzados han sido a nivel nacional y en zonas más densamente pobladas, un 4 ó 5% entre la zona metropolitana y occidental del país. Tenemos que aclarar que no todos los casos han pasado durante este período, que ocurrieron antes pero -nos han buscado- durante el período del Régimen de Excepción. Y que vienen, incluso, con desplazamientos desde año y medio atrás -¿Qué ha pasado?- que el primer desplazamiento forzado al no lograr reubicarse en otra zona tienen que volver a desplazarse”, explicó Monti.
La situación de estas familias que se desplazan dentro del país se agrava en el contexto del Régimen de Excepción, consideró, Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de CRISTOSAL, al señalar que en esta nueva extensión de exclusión de los derechos humanos de la población salvadoreña, se ha comprobado que sigue “perpetrándose sistemáticas y generalizadas prácticas violatorias contra la población”.
“Los principales hechos violatorios denunciados son detenciones arbitrarias en un 04.7%, un 22% de allanamientos ilegales, un 17.3% de secretismo en los procesos judiciales y un 12.1% de torturas, maltratos, tratos crueles, inhumanos y degradantes La razón de estos porcentajes, es que en la mayoría de los de las denuncias reportaron más de un hecho violatorio”, sostuvo Ábrego.
Otro de los señalamientos se encuentra relacionado con la obligación del Estado, sobre notificar a los familiares del deceso de las personas internadas en las prisiones que responde a obligaciones de Tratados Internacionales y la normativa nacional. Y no como lo están haciendo por ahora las funerarias que llegan a los hogares de las víctimas a ofrecerles “su servicio” de inhumación de los fallecidos.
“Esto es una revictimización y una vulneración a su derecho a la información y trato digno. En pocos casos se ha conocido que la Fiscalía General de la República, ha inicidado una investigación -sobreaveriguar- y en otros casos los familiares desconocen y desconfían de los resultados (autopsias) emitidas por el Instituto de Medicina Legal (IML)”, agregó.
“Y contrario a asumir con seriedad la gravedad de las muertes, las autoridades han minimizado su importancia. El 9 de mayo, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatorio, señaló -hay entre 10 u 11 eventos de letalidades contra 26,755 detenciones, y eso habla muy bien del profesionalismo de las fuerzas del orden, que han sido respetuosas de los derechos humanos-, cuando ya se reportan 46 fallecidos”, refirió Ábrego.
Asimismo, CRISTOSAL reportó en su Tercer informe que durante el segundo período del Régimen de Excepción, los testimonios de los detenidos señalan “torturas” por parte de los agentes de la PNC y elementos de la FAES, que denunciaron golpes, insultos y amenazas a los familiares que preguntan sobre la detención arbitraria o por el allanamiento ilegal de sus hogares, advirtiéndoles que también serán encarcelados.
“En uno de los casos un policía apuntó con su pistola a la cara a un padre -adulto mayor- que pedía que su hijo no fuera detenido. Y es importante mencionar que estos malos tratos o tratos crueles, inhumanos y degradantes al momento de la detención, ocurren también frente a niños, niñas o adolescentes familiares de las o los detenidos”, indicó.
A lo anterior se suman cientos de familiares afuera de los centros penitenciarios que esperan información de los detenidos, quienes refieren un hermetismo por parte de las autoridades y por la escasa oportunidad de contar con un tutelar de derechos (PGR) para saber de la situación legal de su familiar.
Abraham Ábrego recomendó al Procurador General de la República, René Escobar Alvarez, informarse de esta situación a través de sus técnicos, al lamentar las declaraciones dadas por el funcionario en una entrevista, en la cual, señaló “que no conocía de los casos y que si se los llevaban (para conocerlos) pero que él no observa problemas”, lo que calificó de “grave”, el director de Litigio Estratégico de CRISTOSAL.
“La Procuraduría General de la República recibe más de 20 mil solicitudes de apoyo de defensa pública y que no sepa de esta situación el propio titular de la entidad, esto comienza mal. Debe rectificar porque la PGR es la encargada de la defensa pública y deberían estar organizando en este momento cómo le darán tratamiento a todas esas detenciones, porque ha desmejorado sustancialmente en su servicio a sus usuarios”, reiteró Ábrego.
En igual circunstancia, hizo un llamado a Rodolfo Delgado, quien está al frente de la Fiscalía General de la República, y que es un fiscal que avala las violaciones, pese a tener el mandato de la persecución del delito a través del debido proceso y de no hacerlo el fiscal y auxiliares pueden estar cometiendo delitos en algunas de las acciones que ejecutan. “El llamado es a rescatar este papel de la Fiscalía, aunque sabemos que es difícil que ocurra, porque el discurso en los últimos días, ha sido que habrá aumento en el número de detenciones, y eso es grave”, reafirmó.
“La Fiscalía General de la República debería rendir cuentas después de más de 35 mil capturas, ¿Cuál es el resultado?, ¿Qué procesos de investigación han iniciado para determinar quienes fueron los responsables de los más de 80 muertes ese fin de semana de marzo pasado? Y tiene que rendir cuentas también, sobre la protección que han brindado a los familiares de las víctimas de esos sucesos. Es deber de la Fiscalía en su marco de la Ley de Protección a Testigos”, subrayó Ábrego.
En cuanto a los “Habeas Corpus” y la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Ábrego, les instó a cumplir con sus responsabilidad ante la “inefectividad” de este derecho, que se encuentra reconocido en el artículo 11 de la Constitución de la República.
El Habeas corpus es una prerrogativa fundamental que no puede ser suspendida por un régimen de excepción. Citando la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que explicó que si bien puede haber “suspensión de garantías” en un Estado de Excepción, y que puede ser “lícito para un gobierno”, no le exime de la responsabilidad a los gobernantes de observar y cumplir una “conducta de legalidad”.
“No obstante, la Sala de lo Constitucional (electa mediante procedimiento violatorio de la Constitución de la República en mayo 2021), ha desprotegido a la población salvadoreña que ha acudido a ella para buscar la protección del Habeas corpus. Hasta el 17 de mayo pasado medios de comunicación reportaron 120 Habeas Corpus en el marco del régimen de excepción, sin que se conocieran resultados de alguna de dichas acciones”, puntualizó Ábrego.
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