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César Ramírez
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El amparo constitucional de los candidatos a diputados tiene dos caras: el recuento de votos ordenado por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia versus la decisión del TSE al declarar firmes los resultados de las elecciones a diputados y alcaldes. El TSE firma y publica los nombres de los designados a cargos públicos, sovaldi no rx pero horas después su nominación es calificada de “provisional”.
La constante de estos fallos constitucionales, see son coincidentes con un clima de negación de inversiones del Sector Privado, las fuerzas conservadoras niegan empréstitos incluso para la seguridad nacional, mientras fundaciones y gremios aliados predican a sol y sombra que el Estado no funciona, en otra vertiente los poderosos medios de comunicación siembran la imagen negativa contra funcionarios públicos día tras día divulgando insinuaciones de corrupción e ineficiencia; estas líneas de comunicación negativa apuntan a la destrucción de las instituciones democráticas. El panorama configura el asalto al poder por medios legales o ilegales, no son situaciones aisladas, son una constante de “desinformación” articuladas durante años, estas acciones se construyen por medio de noticias, eventos, foros, opiniones, rumores, etc., para aislar a los gobernantes y propiciar un golpe técnico constitucional e instaurar un retorno del poder oligárquico en el poder ejecutivo, pero olvidan que los gobernantes han sido electos por el pueblo en elecciones libres. Existe un factor de punta de lanza en esta conspiración perversa, el tema de la seguridad nacional junto a elementos del antiguo ejército, mantienen una plataforma desestabilizadora de largo plazo; en este vértice los grupos del crimen organizado parecen unirse contra la democracia al coincidir en el tema de debilitar las instituciones del Estado, cometiendo actos terroristas contra civiles, policías o soldados desarmados, jueces, profesionales, escolares etc., actos que en lugar de conducirnos a la unidad nacional, son utilizados por los grupos conservadores para agredir el orden constitucional y lanzar improperios contra los funcionarios públicos. Se trata de restar toda la base de apoyo popular al gobierno democrático aunque no estemos en campaña política, se pretende constituir un poder paralelo al Estado por medio de estructuras de facto constitucional en niveles que la Carta Magna no refiere, por ejemplo: impedir que los militares retirados ocupen cargos públicos, legislar la militancia de abogados e impedir su incorporación a cargos de primer nivel, impedir procedimientos jurídicos para juzgar a sus miembros por faltas a la ética, fallar tardíamente en el caso electoral de un candidato con impedimento constitucional, impulsar el voto cruzado a pocas semanas del evento electoral, impedir impuestos a grandes capitales, propiciar un recuento de votos que crea incertidumbre en el sistema democrático y siembra un precedente constitucional sobre el TSE como máxima autoridad electoral, etc. Este mapa desestabilizador tiene por objetivo estratégico provocar un golpe técnico desde la Asamblea Legislativa bajo cualquier excusa, sea por la seguridad nacional o una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa y paralizar al Poder Ejecutivo, etc… Me parece que defender el modelo democrático comienza con la denuncia de esta conspiración oligárquica y llamar a la opinión pública para que se pronuncie contra éstos mecanismos perversos en nuestra nación.
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