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Por Sally Mairs/Thanaporn Promyamyai
Bangkok/AFP
Decenas de personas, entre ellas un oficial de alto rango del ejército tailandés, fueron halladas culpables de tráfico de seres humanos por su participación en una gran red regional que explotó a miles de migrantes.
La importancia de este tráfico, denunciado desde hace años por las oenegés, se dio a conocer internacionalmente en mayo de 2015 con el hallazgo de fosas comunes en campamentos de tránsito para migrantes en plena selva tailandesa.
La represión posterior desorganizó las filiales y llevó a los traficantes a abandonar en el mar a miles de migrantes económicos venidos de Bangladés o a musulmanes rohingyás procedentes de Birmania.
Al cabo de más de un año y medio de juicio, el tribunal empezó a desgranar este miércoles las condenas una por una durante horas, sin dictar por ahora ninguna pena.
Los 102 acusados enfrentan cargos de trata de seres humanos, pedido de rescate y homicidio -acusaciones por las que algunos podrían incluso ser condenados a muerte. Todos niegan los cargos.
Sospechoso de ser el eje central del tráfico, el general Manas Kongpan «trabajó con otros para facilitar el tráfico de seres humanos y utilizó su posición para permitir la salida del territorio de rohingyás contra el pago de un rescate», dijo uno de los jueces.
Esta importante figura del aparato de seguridad en el sur de Tailandia, ascendido en la época en la que el actual jefe de la junta Prayut Chan-O-Cha dirigía las fuerzas armadas, negaba todas las acusaciones en su contra.
También fue hallado culpable de «participación en una organización criminal». La investigación habría sacado a la luz transferencias bancarias entre los traficantes y la cuenta de Manas por una suma de 14,8 millones de bahts (382.000 euros).
En la red estaban implicados numerosos funcionarios -soldados y policías- pero también políticos como el alcalde de la ciudad de Pedang Besar e incluso algunos rohingyás que hacían de intérpretes.
Esta organización de tráfico de seres humanos actuaba en todo el golfo de Bengala. Los migrantes intentaban entrar primero en Tailandia para luego, por carretera y de manera clandestina, llegar a Malasia.
Muchos fueron retenidos contra su voluntad en campamentos establecidos en la selva por los traficantes que exigían de sus allegados el pago de enormes rescates.
Los sobrevivientes contaron que las golpizas, asesinatos y violaciones eran frecuentes. En la jungla se hallaron decenas de fosas comunes.
Un juicio sin precedentes
La junta militar tailandesa, preocupada por la reputación del país como plataforma del tráfico de seres humanos, quiso hacer de este juicio un ejemplo de su determinación para luchar contra las redes de traficantes.
Pero los defensores de los derechos humanos criticaron los intentos de intimidación de testigos y las restricciones de acceso a las vistas impuestas a la prensa.
Para Amy Smith, de Fortify Rights, este juicio es «crucial y no tiene precedentes».
Pero «Tailandia tiene aún mucho camino por recorrer para garantizar la justicia a miles de hombres que fueron explotados, torturados y asesinados», agregó.
Para ella queda claro que «muchos otros responsables siguen fuera». «Es un verdadero negocio y mucho dinero», agregó.
Cada año decenas de miles de candidatos al exilio transitan por el sur de Tailandia. Por los que estaban retenidos en los campamentos, los traficantes pedían a las familias entre 2.000 y 3.000 dólares de rescate por su liberación.
Algunas organizaciones temen también que la investigación policial sobre la red fuera apresurada. El alto responsable de la policía tailandesa a cargo de las pesquisas se marchó precipitadamente del país diciendo que temía por su vida y pidió asilo político en Australia.
