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San José / AFP
Cerca de 40 personas, entre ellos funcionarios migratorios, fueron detenidas el martes en Costa Rica y Panamá en un operativo contra una red de tráfico de personas, en su mayoría chinos, informaron autoridades costarricenses.
Gran parte de los detenidos son funcionarios migratorios del principal aeropuerto de Costa Rica y los puestos fronterizos, que facilitaron la entrada de los migrantes chinos e indios que llegaban a Costa Rica desde Colombia y Ecuador.
En Costa Rica fueron detenidas 29 personas, incluidos 11 funcionarios de Migración, y se mantiene la búsqueda de otras tres, mientras que en Panamá hay nueve detenidos en el operativo contra la red, según la policía y la fiscalía.
«Este grupo criminal, que traficó cerca de 110 personas, incluidos tres menores de edad, cobraba 22.000 dólares por cada persona», comentó en rueda de prensa la fiscal general costarricense, Emilia Navas.
El director de la policía judicial costarricense, Walter Espinoza, indicó que había tres personas de nacionalidad china que coordinaban la red de tráfico, y contaban con apoyo de falsificadores de documentos y personal de Migración que les ayudaban a facilitar la entrada de los foráneos.
Entre los detenidos hay dueños de locales comerciales que recibían a los extranjeros y los ponían a trabajar en condiciones «de vulnerabilidad».
Navas indicó que en allanamientos realizados en distintas partes de Costa Rica, las autoridades realizaron las detenciones y se incautaron de armas de fuego, documentos de identidad falsificados, equipo tecnológico, vehículos y «una cantidad considerable de dinero» en dólares, colones costarricenses y yuanes chinos.
«La operación fue realizada de forma simultánea en Costa Rica y Panamá. En Panamá hemos aprehendido a la totalidad de las personas que teníamos como objetivo, hemos recuperado víctimas, dinero en efectivo y armas de fuego», dijo David Mendoza, fiscal contra la delincuencia organizada de Panamá.
Espinoza indicó que cuando las víctimas del tráfico de personas llegaban a Costa Rica, eran trasladados a Panamá, desde donde los enviaban a Canadá o Estados Unidos.
Otros eran «vendidos» a establecimientos en Costa Rica donde eran puestos a trabajar en condiciones de esclavitud.
«Las víctimas son personas vulnerables, de las que se aprovecharon los traficantes para explotarlos», comentó la fiscal Navas.
La investigación sobre la operación de esta red comenzó en 2016, indicó Navas.
