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Por Anna Cuenca/Michaela Cancela-Kieffer
Madrid/AFP/Agencias
Decenas de miles de personas procedentes de toda España se manifestaron este sábado en Madrid, muchos tras varios días de marcha, para reclamar «Pan, trabajo, techo y dignidad» en la víspera de unas elecciones regionales en Andalucía consideradas una prueba ante el descontento social.
El objetivo de esta protesta era el impago de la deuda, reivindicar el derecho a la vivienda y al empleo digno, servicios públicos de calidad y para todos y el rechazo a leyes como la ley de seguridad ciudadana, conocida como la “ley mordaza”, o a la firma del Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversión entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP).
En un país donde casi 24% de la población no encuentra empleo pese a un crecimiento de 1,4% del PIB en 2014, tras cinco años de recesión o estancamiento, organizaciones como la Cruz Roja o Cáritas tienen que ayudar aún a cientos de miles de personas que viven bajo el umbral de la pobreza.
“La crisis todavía no ha terminado. Nos han quitado el trabajo, en muchas ocasiones hasta la casa, pero no nos quitarán la dignidad, por eso seguimos luchando”, asegura Mari Carmen, que vino caminando desde Andalucía junto a decenas de compañeros para poder estar en la manifestación.
“De norte a sur, de este a oeste; la lucha sigue, cueste lo que cueste” coreaban los manifestantes.
«Habiendo miles de casas vacías sigue habiendo desahucios a diario, habiendo toneladas de comida que se tira hay gente que sigue pasando hambre, la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo», denunciaba Juan Antonio Laso, un manifestante de 28 años, procedente de Extremadura, en el suroeste de España.
Junto a sus compañeros marchó a pie durante tres días, otros manifestantes lo hicieron durante 12 hasta llegar a la capital.
Estas marchas son, según los organizadores, “un paso importante hacia una huelga general”.
Entre los asistentes había decenas de colectivos y partidos políticos. Entre ellos se encontraban miembros de Podemos, Izquierda Unida, convocatorias ciudadanas, sindicatos, colectivos en defensa de la educación o la sanidad pública o, entre otros, grupos de trabajadores despedidos, como es el caso de los empleados despedidos de Coca Cola que luchan por recuperar sus puestos de trabajo después de que la Audiencia Nacional declarase nulo el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que hizo la gran multinacional en Madrid.
Algunos viajaron en autobús, como Antonio Colmenar, de 41 años, procedente de Sevilla, la capital de Andalucía, bastión del Partido Socialista en el sur del país, donde este domingo se celebran elecciones regionales anticipadas.
«Hoy es un día para reivindicar nuestros derechos», decía este militante de una asociación contra los desalojos, asegurando que en los comicios andaluces votará a Ciudadanos o Podemos, los dos partidos centrista y de izquierda radical respectivamente, que amenazan con poner fin al bipartidismo español de los últimos 30 años.
Las draconianas políticas de austeridad aplicadas desde la llegada al poder del conservador Partido Popular, a finales de 2011, con recortes de 150.000 millones de euros en gasto público -principalmente en sanidad, educación y ayudas sociales- provocaron en 2012 un clima social muy tenso y masivas manifestaciones de protesta.
Después, la movilización se fue apagando. Hasta que el 22 de marzo de 2014 se celebraron por primera vez estas Marchas por la Dignidad -convocadas por plataformas sociales, sindicatos y pequeños partidos de izquierda- que reunieron en Madrid a decenas de miles de personas.
Tras aquella protesta se produjeron duros enfrentamientos entre policías y algunos manifestantes. Aquellos choques, poco habituales en España, se saldaron con 101 heridos –67 policías y 34 manifestantes– y 24 detenidos.
‘Emergencia social’
Un año más tarde, nueve columnas reagrupando a todas regiones marcharon bajo la lluvia hasta la céntrica plaza de Colón ondeando una marea de banderas republicanas.
Gritaban «Viva la lucha de la clase obrera» o «Pueblo de Madrid movilízate, y a estos sinvergüenzas párales los pies», en referencia a la multiplicación de escándalos de corrupción que indigna a la población en un país que desde el inicio de la crisis en 2008 vio a cientos de miles de familias perder su empleo y su vivienda.
Esta situación ha contribuido al auge meteórico en los sondeos de Podemos, aliado del griego Syriza, que denuncia a las élites política y económica y encabeza las intenciones de voto de cara a las legislativas de finales de año.
«Espero que el cambio va a empezar en este país», afirmaba Pilar García Dorado, una manifestantes de 54 años que lucía una insignia de ese partido antiliberal surgido hace poco más de un año.
Otros manifestantes denunciaban la reforma laboral, la educativa o el proyecto de imponer fuertes multas por celebrar protestas no autorizadas.
«Nos movilizamos por la situación de los jóvenes, porque en Extremadura es de hasta 60% el paro juvenil», afirmaba Laso, que perdió su trabajo en un diario regional hace dos años y desde entonces no encuentra empleo.
Junto a él, las pancartas pedían «Empleo digno», «Vivienda digna, para todos y todas» o «Servicios públicos y de calidad».
«Vivimos ahora mismo un estado de emergencia social en el que estamos pagando con nuestras vidas los desmanes de los bancos», denunciaba por su parte Cecilia Salazar, profesora de Filosofía de 54 años, indignada, como muchos, por el rescate europeo de 41.000 millones de euros a la banca española.
17 detenidos al terminar la manifestación
A pesar de que la protesta se desarrolló pacíficamente, el día terminó con cargas policiales y al menos 17 detenidos.
Poco después de terminar el acto, un grupo de manifestantes cortó una parte de la Gran Vía madrileña y decenas de policías comenzaron unas cargas policiales que se extendieron por varias zonas del centro de Madrid.
La policía sigue en las calles de la capital, por lo que no se descartan nuevas detenciones.
