@zorayaurbina
La decisión de la Sala de lo Constitucional de aceptar demanda en relación a la emisión de títulos valores golpea las finanzas públicas dirigidas al tema de seguridad y al pago de pensiones, here afirmó el Secretario Técnico y de Planificación de la Presidencia, online Roberto Lorenzana.
“Es una decisión que afecta seriamente el combate al crimen, podríamos decir que favorece a la delincuencia, tanto que no se tendrán los recursos disponibles a la mano para apoyar a la Policía Nacional Civil (PNC), ni al Ejército, que era hacía donde irían esos recursos, según lo establecía el decreto de aprobación de los bonos”, recalcó. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional admitieron ayer, una demanda que frena la autorización que dio la Asamblea Legislativa al Ejecutivo para emitir títulos valores por $900 millones de dólares que podrían venderse en el mercado nacional e internacional.
Con ello, el decreto que autorizó el Legislativo queda sin efecto hasta que la Sala resuelve la demanda. Por el momento, se ha prohibido al Ministerio de Hacienda y al Banco Central de Reserva cualquier trámite relacionado con la colocación de los bonos.
Lorenzana dijo que el Gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén sería respetuoso de la decisión de los magistrados, no obstante, ya se habían vendido 100 millones, proceso que se detendrá; en tal sentido, el funcionario solicitó a la Sala se pronunciara pronto para tener certeza de las medidas que implementará el Ejecutivo.
Explicó que se ha paralizado la inversión en compra de equipos para la PNC, compra de municiones, en el fortalecimiento de la policía comunitaria, implementación de planes de seguridad, entre otros. “Afecta los planes de seguridad, sin duda, es un mal mensaje que es música para los oídos del crimen organizado en nuestro país porque no se tendrán los recursos suficientes para combatirlos”, añadió.
Igualmente, la medida afecta el pago de pensiones, lo que de alguna manera, es un bloqueo al financiamiento del Estado, y obliga a la Gobierno a que tome otras medidas en materia financiera, expresó.
Medida cambia orden político del país
Asimismo, dijo que la medida cautelar agregaba un nuevo componente: la legalidad de los diputados suplentes. “Ya se puede establecer de antemano en esa medida que serán declarados ilegales, inconstitucionales todos los diputados suplentes”, dijo.
La Sala admitió la demanda porque la aprobación de la emisión de títulos valores, incluyó en los 56 votos, a un diputado suplente que sustituyó a Sandra Salgado y que de acuerdo al demandante no procedía porque este suplía a Guillermo Gallegos, todos del partido Gran Alianza por la Unidad (GANA).
Lorenzana recordó que históricamente se ha votado siempre con suplentes, ejemplificó que en la Corte Suprema de Justicia cuando falta uno de los magistrados titulares, lo sustituye cualquiera de los suplentes. “Si vale para ellos, vale para los demás”, indicó. De acuerdo al Secretario, la figura de los diputados suplentes es constitucional. “Acá la idea es esa, de aquí para atrás van a decir que todo es legal, de aquí para adelante, todos los diputados suplentes de todos los partidos políticos serán declarados ilegales, se está cambiando el orden político del país”, manifestó.
Pensiones
El funcionario también se refirió al tema de las pensiones, del que aseguró el Ejecutivo tiene ya un anteproyecto de Ley que presentará a la Asamblea Legislativa. En días recientes, el Gobierno solicitó a los sectores económicos que ofrecieran propuestas sobre el tema.
En este contexto, la Asociación Salvadoreña de Administradoras de Fondos de Pensiones (Asafondos) presentó ya su propuesta. Según el Secretario el sistema de pensiones debe reformarse, en concreto el Decreto 100, en lo que convergen con las administradoras.
Aseguró que de la población económicamente activa solo cotiza un 24%, porque la gente cree que este pago es un impuesto e indicó que el Gobierno no se inclina por aumentar la edad de cotización.
Reconoció que los fondos de pensiones deben ser más rentables, en este marco dijo que el déficit fiscal de este año será de 3.6%, de esto, el 2% es de deuda de pensiones.