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@zoraya Urbina
La decisión de los magistrados de la Sala de lo Constitucional sobre la emisión de títulos valores por $900 millones de dólares puede llevar a la inseguridad política si no hay coherencia. Así lo expresó esta mañana el político Juan José Martel, viagra en un programa de televisión. “Si ellos llegasen a tomar una decisión de dar lugar a la petición, viagra esto abre un antecedente en el país que puede llevar a la inseguridad jurídica, ed habría que revisar el Tratado de Libre Comercio, la Dolarización, que pondríamos al país en una situación de inseguridad generalizada”.
Martel dijo que la Sala recibió el amparo porque llenaba los requisitos de forma que se exigen, en tal sentido, los magistrados actuaron responsablemente, no obstante, subrayó que los juristas deben ser cuidadosos con la decisión que tomen.
“La Sala tiene que evaluar con mucho cuidado el efecto que va a tomar o que va a tener hacia adelante, la Sala no puede decir una cosa y luego otra en casos similares, un organismo judicial está obligado a mantener una línea jurisprudencial y mantiene argumentos que deben ser sostenidos en casos similares”, aseguro.
Indicó que el primer punto a analizar con seriedad por los magistrados es verificar en qué momento se toma la decisión de permitir la emisión de los bonos. Citó tres escenarios posibles en una votación de legisladores: primero, que la decisión se perfeccione inmediatamente luego de la votación; segundo, hasta que termina la sesión plenaria, en el sentido en que cualquier tema pueda revisarse porque no ha concluido la sesión y tercero, luego de aprobada el acta, porque en esta, pudo existir un error.
Aunque precisó: “¿En qué momento se perfecciona? Eso es materia de reglamento, no de Constitución, además hay que recordar que el reglamento de la Asamblea Legislativa por ser aprobado tiene carácter de ley secundaria, creo que ese el elemento fundamental”
El amparo presentado a la Corte señala también que la decisión de la Asamblea no fue válida porque participó un suplente que no correspondía al titular ausente, en este caso, sustituyó a Sandra Salgado, el suplente de Guillermo Gallegos, todos de Gran Alianza por la Unidad (GANA).
Al respecto, Martel ilustró que cuando los partidos inscriben a sus candidatos para diputados, la planilla incluye a los suplentes, “por una imperfección en el manejo de la ley, ninguna diputación suplente va con fotografía, así ocurre en la mayoría de sistemas electorales, por razones prácticas, la ciudadanía se interesa por el propietario”.
En este contexto, recordó que ha sido tradición en la Asamblea que un diputado propietario puede ser sustituido por un suplente, siempre que este sea de su fracción. “Si eso se revisa, el problema es su efecto, que pueden haber muchísimas leyes que pueden entrar en un umbral de inseguridad jurídica en el país y eso sería una inseguridad jurídica general, comenzando por la Ley de la Dolarización”, destacó.
El ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral y ex miembro del partido ARENA, Walter Araujo, publicó en su cuenta de Twitter que no eran una o dos, sino centenas de decisiones las que se han tomado de manera similar a la de la emisión de bonos.
Alfonso Guevara A., quien puso el recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Asamblea Legislativa, es un militante del partido Alianza Republicana Nacionalista, ARENA, tal como se infiere por una cuenta en una red social, expuso Martel. “Simplemente ayuda para que la gente entienda quién es”, añadió.
A ARENA le conviene que este Gobierno fracase para triunfar en las próximas elecciones y una de las maneras de que esto ocurra es “cerrando la válvula” de recursos económicos, en este sentido, es prioritario que todas las fuerzas políticas logren un consenso y tengan una visión de país, recalcó Martel.
Finalmente, el político hizo dos peticiones a los magistrados de la Sala: un análisis serio que tome en cuenta la parte jurídica y la situación real del país, y que haga este con la velocidad necesaria para que no vaya a entorpecer en una situación tan delicada, como son las finanzas del Estado.
