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José Acosta
La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a definir sus propios sistemas alimentarios y la valoración de las personas que producen, purchase distribuyen y consumen alimentos en el centro de las políticas alimentarias.
El Salvador requiere de varias decisiones políticas para avanzar hacia la soberanía alimentaria. En primer lugar la Asamblea Legislativa debe ratificar una enmienda al Artículo 69 de la Constitución que reconoce la alimentación como un derecho básico de la población. En abril de 2012 la Asamblea aprobó con 83 votos una reforma al artículo 69 de la Constitución. El artículo 69 quedaría así:
“Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada. Es obligación del Estado crear una política de seguridad alimentaria y nutricional para todos los habitantes. Una ley regulará esta materia. El agua es un recurso esencial para la vida: en consecuencia es obligación del Estado aprovechar y conservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes. El Estado creará las políticas públicas y la ley regulará esta materia”.
Para que este texto sea incorporado en la Constitución se requería que fuera ratificado por la legislatura 2012 – 2015; sin embargo, here se hicieron dos intentos de ratificación en mayo de 2013 y en octubre de 2014, doctor en los cuales los partidos ARENA, PCN y PDC, negaron sus votos, a pesar que en abril de 2012, votaron a favor.
Además se necesita una ley de soberanía alimentaria, que promueva la producción sostenible de alimentos y regule otras actividades que afectan a la soberanía alimentaria. Desde hace varios años organizaciones de la sociedad civil vienen presentando propuestas de ley, pero ha sido hasta 2013 que el gobierno presentó un anteproyecto de ley de soberanía alimentaria y nutricional. En 2014 la Asamblea comenzó la discusión, pero aún no hay avances sustanciales. El proyecto de ley tiene varios detractores, FUSADES ha expresado: “Estamos en terreno resbaladizo cuando tratamos de legislar en el tema de soberanía alimentaria”
También es necesario que la Asamblea y el Presidente Sánchez Cerén prohíban una larga lista de agroquímicos tóxicos que están provocando graves afectaciones a la salud de las personas y al medio ambiente. En septiembre de 2013 la Asamblea Legislativa prohibió una lista de 53 productos químicos agrícolas; no obstante, en octubre de 2013, el entonces Presidente Mauricio Funes rechazó este decreto legislativo. La Asamblea no fue capaz de superar las observaciones del Presidente y no se supo más del tema.
Por otra parte se requiere la aprobación de la Ley General de Aguas. En abril de 2006, organizaciones de la sociedad civil presentaron una propuesta de ley general de aguas, la Asamblea Legislativa inició un largo camino de discusión y elaboración de la ley, pero intereses privados, como la ANEP, y los partidos políticos conservadores (ARENA y PCN) han sido capaces de estancar el proceso.
El anteproyecto de ley contiene 203 artículos, de los cuales se han discutido, 92. El proceso se entrampó cuando se llegó a la definición de cómo estaría compuesta la entidad gestora del agua. La actual legislatura no ha sido capaz de reanudar la discusión.
Tan importante como la ley de aguas, es una ley que prohíba la minería metálica, actualmente no hay minería en el país, pero no existe nada para evitar que en el futuro se concedan los permisos a las empresas mineras para extraer oro, plata, uranio y otros minerales. La sociedad civil ha argumentado durante años que si el país permite la minería, sería dar lugar a la contaminación de las tierras agrícolas y los recursos hídricos, disminuyendo en gran medida la capacidad para la producción de alimentos.
Posiblemente una razón para la demora de la ley de prohibición de la minería es que el FMLN no tiene suficientes votos en la Asamblea. Pero también puede deberse a que los políticos de todos los partidos no tienen interés de prohibir la minería, y la falta de votos solo es una excusa para no hacer nada.
Regular la producción extensiva de caña de azúcar, es otra medida importante para avanzar hacia la soberanía alimentaria. La producción de caña de azúcar tiene gran impacto negativo en el medio ambiente y en las personas e impide la soberanía alimentaria de varias maneras. En primer lugar, los campos agrícolas que podrían ser utilizados para producir alimentos para el consumo local se utilizan para cultivar caña y por otra parte las fumigaciones aéreas y las quemas hacen más difícil para los pequeños agricultores producir alimentos. Los agricultores se quejan de que la fumigación de agroquímicos contamina sus campos y destruye sus cultivos.
Todas estas regulaciones que tienen que ver con la soberanía alimentaria y en general con la protección de los recursos naturales, constituyen demandas por las cuales la sociedad civil se ha venido movilizando por años, pero tristemente ha existido poca o ninguna voluntad política de parte de los tomadores de decisiones; por tanto la lucha continúa.
