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@arpassv
Ante las demandas presentadas en la Fiscalía contra magistrados de la Sala Constitucional, Florentín Meléndez declaró que éstas “no le preocupan” porque “ninguna va a prosperar”. “Pongan las demandas que quieran, nosotros estamos protegidos por la Constitución”, expresó, desafiante y prepotente, el magistrado en una entrevista televisiva.
Meléndez debió explicar qué disposición constitucional exime a los magistrados de la Sala del control judicial y los autoriza a incumplir las leyes, atentar contra la institucionalidad y violentar el estado de derecho; porque lo que la Constitución dice es que nadie está exento del cumplimiento de la ley.
Y no es la primera vez que Meléndez y compañía pretenden ubicarse fuera del alcance de la ley, del control institucional y de la rendición de cuentas a la que está obligado todo funcionario público. En la resolución de censura contra el procurador David Morales declararon que la Sala no es objeto de control de ninguna instancia estatal y que, por tanto, la PDDH no tiene competencia para cuestionar sus sentencias.
Quizás este magistrado ignora que el mandato constitucional de la Procuraduría es vigilar el cumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado, o piensa que la Sala Constitucional no es una instancia estatal.
Estas temerarias declaraciones confirman que los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Rodolfo González y Sidney Blanco se sienten omnipotentes, intocables y que pueden hacer lo que quieran sin que nadie les ponga paro. Además, creen que ellos -junto a los poderes fácticos- son los que gobiernan realmente al país.
Así lo expresó el propio Florentín Meléndez, en palabras tristemente célebres que quedarán para la historia de la antidemocracia en el país. “Quienes dirigimos el país tenemos que dialogar”, declaró, el pasado 22 de julio, al salir de una reunión con los directores de los principales medios de derecha, realizada en un local del oligárquico Grupo Poma.
Las expresiones, actitudes y acciones antidemocráticas de los magistrados de la Sala deben preocupar profundamente e indignar a todos los sectores democráticos del país. Deben ser razón para incrementar la presión social que conduzca a su renuncia o destitución por la Asamblea Legislativa.
La Asamblea es la última responsable de todos los desmanes de los magistrados Sala, porque es la instancia que tiene la facultad para destituirlos. También la Fiscalía debe investigar las denuncias presentadas en las últimas semanas.
Y, mientras tanto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Armando Pineda Navas, debe asumir su rol de conducir la Sala Constitucional y llamar a los magistrados suplentes para establecer una agenda acorde a las necesidades del país.
