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@RosmeriAlfaro
El expresidente de la República, Mauricio Funes, indicó que con la declaratoria de inconstitucionalidad, hecha por la Sala de lo Constitucional, de la emisión de 900 millones de dólares en bonos, se frena el funcionamiento de la maquinaria del gobierno, ya que con estos 900 millones hubiese pagado a los proveedores de paquetes escolares, la gastos extraordinarios generados por la aplicación de la estrategia de seguridad diseñada por el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, pagaría las pensiones que están desfinanciadas, así como algunos programas sociales que no cuentan con financiamiento internacional y que requieren de refuerzo presupuestario para seguir funcionando.
“Por más ajustes y recorte de gastos que haga el gobierno, siempre requiere de una cantidad de dinero adicional extrapresupuestaria que le permita resolver problemas de caja que históricamente han tenido todos los gobiernos en el país y de los diferentes países del mundo”, dijo en su programa Sin Censura transmitido todos los jueves en radio La Chévere.
Agregó que el mayor obstáculo para que la deuda nacional se dé, se centra en ARENA. “Un acuerdo fiscal no podrá ser negociado y suscrito por los dos partidos mayoritarios (ARENA y FMLN), mientras ARENA mantenga una dependencia de sus decisiones de un pequeño grupo de empresarios”, dijo.
Según Funes, el país necesita un acuerdo que permita resolver el problema de los recursos fiscales de modo de contribuir al crecimiento y la reducción de la deuda.
De acuerdo con la Sala, la emisión de bonos contó con el voto de un diputado suplente y el resto de diputados propietarios, por lo que fue declarada inconstitucional.
Funes señaló que según la Sala, los diputados suplentes no pueden formar parte del pleno legislativo, ni formar mayorías calificadas porque no han sido elegidos directamente por el voto popular, a lo que agregó que si este razonamiento es válido se podría decir entonces que la elección de los cuatro magistrados de la sala de lo constitucional, que votaron contra la emisión de bonos, también habría sido inconstitucional, ya que en junio de 2009, cuando fueron elegidos, votaron 13 diputados suplentes. “Donde existe la misma razón, existe la misma disposición”, dijo.
Respecto a la decisión de la Sala de lo Constitucional de fallar a favor de una demanda de inconstitucionalidad contra un incremento del 13% a las tarifas eléctricas a partir del 15 de julio autorizado por el gobierno, interpuesta por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), afirmó que las cosas se le complican al gobierno.
De acuerdo con Funes, el gobierno podría renunciar a las inversiones que había proyectado con el incremento del 13% en el cambio de la matriz energética o bien termina eliminando el subsidio a los pobres de modo de destinar estos recursos a la inversión.
“Los argumentos de ANEP aceptados por la Sala no tienen un asidero jurídico, ya que la argumentación en contra de este cargo adicional es que se trata de un nuevo impuesto. Los impuestos solo pueden ser aprobados por la Asamblea Legislativa y nunca por el Órgano Legislativo”, expresó.
“El decreto autorizado por el Ministerio de Economía y que debía aprobar la junta directiva de la SIGET, no crea ningún nuevo impuesto. Lo aprobado por el Ejecutivo es un costo adicional del 13%, ya que se trata de recursos de haber sido aprobados ingresarían al patrimonio de CEL y no al fondo general de la nación. Para que un cargo sea considerado un impuesto, los recursos generados por este cargo deben ingresar a los fondos que maneja el Ministerio de Hacienda y de ninguna forma al patrimonio de una institución autónoma”, agregó.
Asimismo, señaló que la ANEP al promover el recurso admitido por la Sala, al igual que ARENA defiende los intereses económicos de un pequeño sector de la población por encima de los intereses del 70% de las familias de más bajos ingresos en el país.
“¿Si el cargo de un 13% adicional a la tarifa de energía eléctrica no es un impuesto porque la Sala admite el recurso presentado por la ANEP y frena su aprobación?, cuestionó.
En otro tema, el expresidente, en torno a la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de amnistía probada en 1993, después de los Acuerdos de Paz, indicó que desde el punto de vista político se corre el riesgo de que se inicie una cacería de brujas, sobre todo de funcionarios de gobierno. A la vez afirmó que no puede haber perdón y olvido, ni reconciliación mientras no se diga toda la verdad de lo ocurrido durante los años del conflicto militar.
