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Bogotá / AFP
Un conjunto de tierras con una superficie más grande que la ciudad caribeña de Barranquilla fue decomisado a testaferros de paramilitares de ultraderecha en el centro de Colombia, informó el jueves la fiscalía.
Los predios, con una extensión de 23.274 hectáreas, servirán «para garantizar la reparación integral de las víctimas» del conflicto armado, indicó el ente acusador en un comunicado.
Los territorios están ubicados en el departamento del Meta, una zona disputada durante años a sangre y fuego por las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y las guerrillas de izquierda por su posición estratégica para el tráfico de droga.
La zona recuperada de mayor tamaño es conocida como El Santuario, de 18.000 hectáreas, donde las milicias de extrema derecha construyeron fincas y un helipuerto para «planear masacres» y «custodiar laboratorios de producción de cocaína», agregó la fiscalía.
El predio, que perteneció a los exjefes paramilitares Miguel Arroyave y Daniel Rendón Herrera, fue invadido ilegalmente en 1993 y posteriormente adquirido en casi 69.000 dólares.
Arroyave fue asesinado en 2004 en medio de las negociaciones que terminaron con la desmovilización de las AUC en 2006, mientras que Rendón Herrera, conocido como Don Mario, fue extraditado en abril a Estados Unidos por narcotráfico.
Entre los compradores de las tierras recuperadas hay testaferros que admitieron haber fungido como intermediarios para la adquisición de los predios a precios muy inferiores a su valor comercial, precisó la autoridad.
El proceso por el que unos 30.000 paramilitares se desmovilizaron durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-10) establecía menores penas a cambio de verdad y reparación a las víctimas.
Entre la reparación se incluye la devolución de tierras arrebatadas.
Además de miles de muertos y desaparecidos, la conflagración interna colombiana, aliviada tras la firma de la paz con la exguerrilla FARC en 2016, provocó el despojo de al menos un millón de hectáreas principalmente a pequeños propietarios.
En los últimos siete años, 37.000 reclamantes de tierra han recuperado 300.000 hectáreas en el país. Mientras que otras 700.000 están en proceso de reclamación ante los jueces.
