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Redacción Nacionales
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Un grupo de presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha fue capturado el 24 de agosto pasado en el municipio de Sociedad, departamento de Morazán, acusados de extorsión agravada, agrupaciones ilícitas, amenazas agravadas y limitación ilegal a la libertad de circulación.
El requerimiento fiscal señala que los pandilleros llegaron a la vivienda de un vecino a mediados de 2019 para exigirle que le comprara una motocicleta a cambio de no asesinarlo. A otra víctima le pidieron $5,000 para permitirle vivir en el municipio, y a una tercera la obligaron a irse del municipio porque se negó a pagar la extorsión.
Las víctimas interpusieron las denuncias ante la Fiscalía General de la República, que llevó a cabo la investigación y presentó el caso a la justicia.
El Juzgado contra el Crimen Organizado de San Miguel resolvió la instrucción con detención provisional para los siguientes imputados: Ronald Mauricio S, Luis Armando Ch, José Noé J, René Alonso J, Josué S, Oscar M., José Adonay M, Yefry Naún C, Herbert Omar B, Doris Elizabeth S, María Delmy B. y Aída Raquel M.
Condenan a 6 años a hombre por drogas
En otro caso judicial, Jonathan Eduardo Orellana Palacios fue condenado a seis años de prisión por el delito de posesión y tenencia de droga en perjuicio de la salud pública.
Orellana Palacios fue detenido el 9 de noviembre de 2022 en la colonia Las Conchitas, Lourdes, Colón, La Libertad, cuando intentaba darse a la fuga al ver a la Policía Nacional Civil (PNC) realizando un operativo de investigación.
Al momento de su detención, Orellana Palacios portaba 84 porciones de marihuana y $1,200 escondidos en su ropa interior. La audiencia de vista pública fue realizada por el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla, que declaró culpable al imputado y lo condenó a la pena de seis años de prisión.
Pagará $5 mil en pensión alimenticia
Yoni Zavier F. M., de 39 años, acusado de incumplimiento de los deberes de asistencia económica en perjuicio de su hijo de 10 años, llegó a un acuerdo con la madre del menor para pagar una pensión alimenticia de $308 mensuales. La pareja convivió hasta 2019, cuando el imputado dejó de aportar al sustento del menor. La madre del niño acudió a la Procuraduría General de la República (PGR), que le impuso una cuota de $100 mensuales.
Desde ese año hasta noviembre de 2022, el imputado no depositó ninguna cuota, por lo que la deuda ascendió a $5,845.15. El acuerdo entre las partes fue autorizado por el Juzgado Segundo de Instrucción. El imputado pagó un abono de $853, por lo que la deuda se redujo a $5,028.15.
