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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
La sección El Salvador del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional (IIDC) manifestó su rechazo a las disposiciones del Decreto Ejecutivo 22, del Ramo de Salud, el cual -desde este jueves- restringe derechos constitucionales de la ciudadanía.
Según la institución, el decreto infringe el artículo 164 de la Constitución de la República, que establece que: “Todos los decretos, acuerdos, órdenes y resoluciones que los funcionarios del órgano Ejecutivo emitan, excediendo las facultades que esta Constitución establece, serán nulos y no deberán ser obedecidos, aunque se den a reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea Legislativa”.
Reitera que la limitación de derechos constitucionales, como lo es la libertad de tránsito, es posible solo mediante una ley formal emitida por la Asamblea Legislativa, por lo que todo decreto devenido del Ejecutivo (Presidencia) deberá estar subordinado a la ley promulgada por el Legislativo. El IIDC expresó que, dado que el controvertido decreto transgrede la Carta Magna, este es también nulo, puesto que el mismo artículo 164 determina la nulidad de toda disposición legal que pretenda exceder las facultades de la Constitución.
Señala, además, al decreto 22 de ser una “flagrante inconstitucionalidad”, por lo que considera que debe ser sujeto de seguimiento y verificación de cumplimiento a resoluciones emitidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), relativas a recursos de habeas corpus que pretenden conocer la legalidad de las retenciones arbitrarias a ciudadanos por incumplir cuarentena domiciliaria obligatoria.
El organismo iberoamericano subraya que el decreto es nulo por su naturaleza inconstitucional, y expresa que se mantendrá vigilante de las actuaciones de las autoridades en la gestión de la pandemia de COVID-19 que puedan violar derechos, principios y obligaciones constitucionales.
El Decreto Ejecutivo 22 del Ramo de Salud, emitido este 6 de mayo, además de acentuar las restricciones a la movilidad de los anteriores decretos, limitó la actividad del transporte colectivo durante los próximos catorce días y el cese de actividades de más comercios, en el marco de la emergencia sanitaria.
