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Defender lo humano

José M. Tojeira

En ámbitos gubernamentales se ha puesto de moda decir que las instituciones de Derechos Humanos defienden criminales. Si dentro de un bajo nivel cultural este tipo de afirmación tiene una cierta incidencia, para cualquier persona con una educación básica resulta increíble que personas con algún grado académico puedan decir semejante barbaridad. Aunque a veces la falta de entendimiento y el interés político puede llevar a políticos sin escrúpulos a hacer ese tipo de afirmaciones, no hay disculpa posible en el campo de la inteligencia para una persona que se exprese de esa manera.

De hecho en El Salvador, el número de personas que finaliza un título universitario antes de los 30 años equivale a un 7.3% de la población. Un 40% terminan la educación secundaria antes de los 24 años y un 89% la primaria antes de los 19 años. El panorama educativo no es muy bueno y uno podría achacar a eso que el tipo de afirmaciones que criticamos puedan pronunciarse sin crear una universal y fuerte repulsa. Pero más allá de eso, quien ataque de ese modo los Derechos Humanos, además de sufrir un imponente atraso moral, manifiesta una ignorancia impresionante.

En un país como el nuestro, en el que las instituciones son débiles en buena parte porque no se ha invertido lo necesario en educación, y en donde la pobreza y la desigualdad campean, lo que es necesario es defender los Derechos Humanos. Y los derechos humanos son universales. Nadie puede renunciar a ellos y nadie puede arrebatárselos a nadie. Evidentemente un asesino viola gravemente el derecho a la vida.

Y para eso están las fuerzas y las instituciones del estado, que deben defender los derechos de las personas y castigar y sancionar al violador del derecho a la vida. Pero defender a las víctimas no habilita al Estado para  violar derechos de nadie. Si la tortura, por poner un ejemplo, es un delito de lesa humanidad, el Estado debe perseguir a los torturadores. El derecho a no ser torturado es universal. Y si algún funcionario del Estado tortura a cualquier persona, aunque la practique contra un criminal, el Estado debe perseguir a su propio funcionario. Igual que debe perseguir a cualquier miembro de la Policía o del ejército que, abusando de la fuerza, asesine a cualquier persona.

El Estado debe combatir cualquier violación de derechos. Y la pobreza, cuando además se da en el marco de una profunda desigualdad, implica la violación del derecho a una vida digna de cualquiera que la sufra. Es injusto y fuente de violaciones de derechos humanos que la quinta parte de la población salvadoreña reciba solamente el 6% del ingreso nacional, mientras el 20% más rico recibe el 47% del mencionado ingreso.

Un Estado que no cumple con la tarea de trabajar por la eliminación de la pobreza      y que no procure disminuir la desigualdad, es un estado promotor de violaciones de Derechos Humanos. Lo mismo un Estado que rebaja los propios índices de su democracia. Por eso los políticos, en vez de hacer demagogia criticando los Derechos Humanos y desentendiéndose de sus obligaciones, deberían preocuparse mucho más por defender derechos.

En nuestro país, además, la Democracia y la Constitución de la República están construidas y elaboradas desde el pensamiento de los Derechos Humanos. Atacar los Derechos Humanos es atacar tanto la Democracia como la Constitución. Y a esto deberían atender los políticos del momento cuando el estudio de 2021 titulado “Estado de la Región Centroamericana” revela que los índices de calidad democrática en El Salvador vienen bajando desde 2016. Y que solo Nicaragua tiene un índice de democracia inferior al nuestro. No es raro que a nivel internacional alguna gente comience a pensar que llevamos el mismo rumbo que Nicaragua. Poner un alto a ese modo de hablar sobre los derechos humanos sería bueno como una forma de comenzar a hablar sobre los problemas reales de El Salvador. Caer en la cuenta de que los Derechos Humanos, por ser universales, defienden derechos de personas y no de criminales, es indispensable para poder entender e incluso defender lo que llamamos democracia.

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