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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Las lágrimas de Delmy Esperanza Pivaral, exresidente de la Aldea La Cuchilla, en San Rafael Las Flores, departamento de Santa Rosa, Guatemala, conmueven a los presentes porque comparten una misma frustración: el arrebato de sus patrimonios.
Esta violación fue cometida por la incursión de la Mina San Rafael, filial de la transnacional canadiense Tahoe Resources Inc.
“El estruendo de las explosiones hacían temblar todas las casas, las paredes se rajaron y dos se cayeron totalmente en nuestra aldea La Cuchilla, estas explosiones se escuchaban a las seis de la mañana y 6:30 de la tarde”, relata Pivaral.
“Y luego vino la escasez del agua, que afectó a más de 70 familias del lugar, y cuando la situación empeoró, llegaron de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) y nos dijeron que declaraban La Cuchilla Zona Roja, diciendo que por inestabilidad del suelo volcánico, pero realmente era el trabajo en las minas subterráneas, que vinieron a perjudicar el subsuelo. Nos ordenaron desalojar… Y aquí estamos sin tierra y sin que nos escuchen las autoridades”, añadió conmocionada.
La experiencia de Pivaral es solo una de miles de testimonios de pobladores de comunidades y pueblos indígenas que se encuentran desde noviembre de 2017 en “Resistencia Pacífica”, para expulsar de sus territorios a la minera y en espera que la justicia nacional equipare sus demandas frente al poder de las multinacionales, que por ahora cuentan con aval del Gobierno a través de las concesiones de exploración y explotación minera.
El proyecto se abrió con argumentos falsos, que referían el estudio de suelos, y luego, sin contar con estudios de impacto ambiental se ha abierto una mina de 400 metros de profundidad, se ha instalado un molino de rocas e ignoran si se están cumpliendo los requerimientos en el tratamiento de una laguna de cola (relave: contiene altas concentraciones de productos químicos y se almacenan como depósitos), añadió Rudy Piraval.
Y agregó que esto sin importar las 800 oposiciones de la comunidad contra el proyecto minero, que no realizó una consulta previa, libre e informada y el agravante que esta petición de la población fue declarada “sin lugar”, a favor de las mineras.
Y es que para las comunidades esto es duro y difícil, ya que se enfrentan a las multinacionales, que suelen financiar campañas a políticos, y estos les favorecen.
“Somos seres humanos y venimos de una familia más grande que es la humanidad, pero aquí en La Cuchilla, nos han despojado de la tierra, destruido nuestros hogares y solo estamos viendo los efectos negativos de corto plazo(…) el conflicto aquí es grueso”, sostuvo Rudy.
La situación en San Rafael Las Flores, Casillas y Santa Rosa, tiene a la base la omisión de cumplimiento del Convención 169 de la OIT, marco jurídico que garantiza el estado de derecho a la “Consulta Previa, Libre e Informada de los Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes”, normativa que ha sido firmada y ratificada por Guatemala y otros países del área.
En esencia el Convenio 169, toca las costumbres y derechos de los pueblos originarios en cuanto al manejo de recursos naturales y su cosmovisión, pero que infructuosamente los pobladores no han tenido la oportunidad de externar sus demandas y dar protección a los bienes colectivos.
Entre estos la cuenca del río Los Esclavos en el municipio de Casillas, que muere lentamente ante la contaminación de químicos tóxicos, y sangra a la población que ha tenido que realizar un éxodo obligado en San Rafael Las Flores.
La sede de la “Resistencia Pacífica” se encuentra en el municipio de Casillas, los pobladores se han dividido en dos frentes, los que están en la zona y mantiene un cierre al flujo de insumos y combustible a la mina San Rafael y los que se encuentran de plantón ante la Corte de Constitucionalidad en ciudad de Guatemala.
Ambas iniciativas instaladas desde noviembre de 2008. Se encuentran a la espera de la sentencia, que deberá resolver a favor de los pobladores que rechazan el proyecto minero o la empresa multinacional, que según la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (AmCham) el cierre puede convertirse en “litigio internacional”, por la suspensión de operaciones de la minera San Rafael.
Los pobladores están claros que no cederán en su postura y solo esperan el cierre del proyecto minero y que salgan en paz de sus territorios. Y que el Gobierno deje de criminalizar su lucha, que seguirá siendo pacífica. Estos cinco municipios, según cálculos de los pobladores, guardan en el subsuelo alrededor de 690 mil millones de onzas de oro puro esterlino, lo que tendría interesada a la minera San Rafael.
“Hemos escuchado varios testimonios de este caso y lo primero que puedo decir es que la industria minera es una industria de conflicto”, aseguró Pedro Cabezas de ACAFREMIN, al evaluar el conflicto en las comunidades de Guatemala.
“Este tipo de proyectos no deja nada de beneficios a la población, no deja empleos, no dejan riqueza, lo único que heredan es contaminación, enfermedades, a través de prácticas perversas los propietarios de la mina San Rafael han desafiado el rechazo de la comunidad y pretenden minar las leyes de protección del soberano que es el pueblo”, opinó.
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