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Gloria Silvia Orellana
@Diario CoLatino
Las voces de la comunidad Santa Marta y organizaciones ambientalistas se elevaron en las principales calles del municipio de Sensuntepeque, demandando justicia para los cinco ambientalistas capturados y para rechazar cualquier intento de llevar la industria minera al territorio de Cabañas nuevamente.
En la “Caminata Ambiental en Defensa del Agua y la Vida”, un centenar de personas se declararon “defensores del agua y continuidad de la vida”, por lo que, era necesario dar protección a los diversos ecosistemas en el país.
Vidalina Morales, presidenta de ADES-Santa Marta, señaló que la caminata tenía un objetivo inmediato y claro, relacionando la “toma de conciencia de la población”, a retomar este camino de la defensa de los recursos que garantizan su sustentaibilidad.
“Queremos que tome conciencia la población, pero también es un llamado de atención de las autoridades de cuyas decisiones depende la preservación de nuestros bienes comunes”, dijo.
“En El Salvador el agua y la vida están gravemente amenazadas por los efectos del cambio climático por falta de políticas públicas orientadas a revertir el deterioro ecológico y por la posible reactivación de la minería metálica a pesar de estar prohibida por una ley aprobada en marzo del 2017”, acotó Morales.
Igualmente, señaló, que estos logros normativos legales fue el resultado de la “resistencia comunitaria”, quienes fueron los comprometidos a una lucha social y comunitaria, pero que también dejó cicatrices irreparables como los asesinatos de Dora Sorto y su bebé en gestación; Marcelo Rivera y Ramiro Rivera, asesinatos que fueron cometidos entre los meses de junio a diciembre del 2009, por los cuales aún está en deuda el Estado salvadoreño por no investigar a los autores intelectuales de tales abusos de violencia.
“Hemos decidido realizar esta caminata en el marco del Día Internacional contra la Minería a Cielo Abierto. Y nuestra demanda es para el Gobierno y la Asamblea Legislativa a mantener la prohibición de la minería metálica”, sostuvo Morales.
Las comunidades han reiterado sus denuncias sobre los últimos movimientos del Gobierno del presidente Nayib Bukele, al denunciar que hay evidencias para retomar este tipo de proyectos mineros de países industrializados.
“Están preparando las condiciones como la nueva Ley de Hidrocarburos y Minas, que incluye la explotación de minerales. También la incorporación de EL Salvador al foro de países que promueven la minería y un proceso secreto de –actualizar- la ley que prohíbe la minería metálica”, argumentó.
“Como hemos advertido siempre, la minería de metales destruye bosques, se termina el agua, genera drenaje ácido (elimina la vida acuática de los ríos) , causa enfermedades y deja enormes cantidades de desechos que amenazan las plantas, los animales y las personas”, agregó Morales.
Estas advertencias sobre la pérdida del medio ambiente y la decisión de impulsar la resistencia social, expresó Vidalina Morales, fue parte de la lucha social de los cinco ambientalistas de ADES –Santa Marta: Antonio Pacheco, Saúl Rivas, Alejandro Laínez, Pedro Antonio Rivas y Miguel Ángel Gámez, quienes fueron capturados por la Policía Nacional Civil el pasado 11 de enero, en horas de la madrugada, acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) por un supuesto crimen ocurrido durante el conflicto armado en los años ochenta.
La caminata pasó frente al Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, que se negó a realizar la revisión de medidas provisionales para estos líderes comunitarios.
“Nuestra demanda al Estado, concretamente al Sistema Judicial es la libertad de nuestros compañeros, quienes ya llevan más de seis meses encarcelados injustamente y en condiciones inhumanas”, dijo.
“El Estado debería reconocer la contribución (de los líderes) al país con su lucha en defensa del agua, el medio ambiente y la vida, en lugar de acusarlos injustamente y sin pruebas de sustento legal”, acotó Morales.
No obstante, que la caminata era pacífica, una empleada del Juzgado de Primera Instancia salió de la oficina para tomar fotografías de las personas que participaban en dicha marcha. Lo que fue rechazado por las comunidades con un “no tenemos miedo, porque lo que buscamos es sólo justicia”, reclamaron colectivamente.
Al cierre de la Caminata Ambiental en Defensa del Agua y la Vida, Vidalina Morales, señaló “Le pedimos a la jueza de este tribunal que realice con prontitud la audiencia especial de revisión de medidas, y revierta la detención provisional para que el proceso continúe, pero con los compañeros en sus hogares”, puntualizó.
Sobre este tipo de presiones hay que destacar que los habitantes del municipio de Santa Marta habían lanzado una alerta de preocupación, porque este fin de semana más de 80 efectivos militares llegaron a la comunidad y habían militarizado la localidad.
La actividad militar se daba justo cuando las organizaciones tenían previsto marchar para exigir la libertad de cinco líderes comunales que fueron capturados hace 6 meses acusados de un crimen que ocurrió hace décadas y que al realizar la exhumación de la supuesta víctima, no encontraron el cuerpo.
Hace unos meses las autoridades judiciales y fiscales no lograron encontrar el cadáver de María Inés Alvarenga, la persona que -según la Fiscalía- fue asesinada en 1989 por los líderes comunitarios de Santa Marta, detenidos el pasado 11 de enero.
Fuentes cercanas al caso confirmaron en condición de anonimato a Diario Co Latino que hace más de una semana se realizó un fallido proceso de exhumación ordenado por el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, a petición de la Fiscalía General de la República. En la diligencia también participó el Juzgado de Paz de Victoria.
“Fue un hecho notorio, constatado por la comunidad Santa Marta, que las juezas (de Paz de Victoria y de Instrucción de Sensuntepeque) y la Fiscalía estuvieron cuatro días escarbando en diferentes lugares y no encontraron nada”, dijo a este medio una de las fuentes.
La diligencia se extendió más allá del plazo y del perímetro autorizado por la autoridad judicial correspondiente, pero aún así no encontraron la osamenta de la supuesta víctima.
En la escena también habría estado el principal testigo de la Fiscalía, quien ha sido cuestionado por sus declaraciones contradictorias.
Sobre la actuación de las autoridades del Estado, la Fiscalía General de la República y el Sistema Judicial, específicamente el Juzgado de Paz de Victoria, el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque y la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, se han “ensañado con estos defensores sociales”, al considerar que su único delito ha sido defender las fuentes de agua frente a la minería metálica industrializada.
La acusación es sin pruebas y hasta la fecha no hay indicios atribuidos, razón suficiente para desestimar la acusación penal y cerrar el proceso judicial.
Y, además, la acusación es totalmente improcedente debido a disposiciones de la Ley de Reconciliación Nacional de 1992.
También hay que recordar que algunos congresistas de los Estados Unidos pidieron recientemente la libertad de los lideres de Santa Marta y el caso ya llegó a la CIDH.
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