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Fiscalía General de la República niega procedimiento abreviado contra Ana Ligia de Saca.
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El Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador suspendió la audiencia preliminar, con la finalidad de que los abogados de la defensa puedan analizar documentación vinculada a los imputados por el caso “Destape a la Corrupción” en su segunda etapa, en la que se encuentra procesada Ana Ligia de Saca, ex primera dama de la República, y Antonio Lemus Simún.
Este caso vincula a las empresas publicitaras que recibieron fondos durante la administración de Elías Antonio Saca, que utilizó un aproximado de $300 millones para mejorar la imagen del entonces mandatario, sin embargo, muchos de estos fondos fueron remitidos a medios de comunicación vinculados al expresidente. Además, el blanqueo de 22 millones de dólares.
De acuerdo al informe oficial, la documentación a revisar por la defensa es una asistencia penal internacional (documentos enviados por otras fiscalías) remitida por Guatemala con respecto a la Sociedad AMLET, la cual es representada por Lemus Simún y la sentencia condenatoria y confesión del expresidente Elías Antonio Saca, emitida por el Tribunal Segundo de Sentencia.
La audiencia preliminar es contra 15 personas, acusadas de lavado de dinero y activos y casos especiales de encubrimiento en el delito de lavado de dinero, no obstante, el juez consideró suspenderla y continuar el próximo miércoles a fin de que la defensa tenga acceso a la documentación presentada por la Fiscalía General de la República.
En otro aspecto, el juez informó que en cuanto a los imputados Reina de la O y Rubén Castro Castillo, que están en calidad de ausentes, el juzgado separará el caso, es decir, se programará una audiencia solo con estos dos imputados.
Durante la diligencia instalada este lunes un fiscal del caso informó que la defensa de Ana Ligia de Saca hizo una petición de someterse al proceso abreviado, que fue analizado pero se denegó porque solicitaban una pena inferior a las expectativas de la representación fiscal.
Y es que la representación fiscal considera que un procedimiento abreviado que se le puede aplicar a la ex primera dama o a otro procesado en estos casos es de cinco años de prisión como pena mínima, no obstante ella pedía menos de tres años, por lo que consideraron que no procedía.
El abogado de la procesada señaló que no aceptarían un procedimiento abreviado buscando cinco años de cárcel y que ha enviado otra petición al nuevo fiscal general Raúl Melara, solicitando procedimiento abreviado sin cárcel.
