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México/AFP
La familia y abogados de la ambientalista hondureña Berta Cáceres, pills asesinada en su país en marzo, denunciaron en México una «ilegal secretividad» del caso por parte de las autoridades de Honduras y pidieron que expertos de la comisión Interamericana de Derechos Humanos investiguen el crimen.
«Nos han negado la posibilidad de participar activamente en el procedimiento. Esta es una negación burda, no tiene ningún fundamento legal ni ningún amparo (recurso)», dijo el abogado de la activista, Víctor Fernández, durante una conferencia de prensa en las instalaciones de Amnistía Internacional en Ciudad de México.
Para el letrado, se trata de «la decisión política del gobierno, de la institucionalidad hondureña, de apropiarse de la investigación de este crimen que ha conmovido al mundo».
El 3 de marzo, hombres armados entraron a la vivienda de Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), y la asesinaron a tiros.
La activista tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque había denunciado que la empresa Desarrollos Eléctricos, junto con autoridades militares, policiales y de la fiscalía en Honduras, la amenazaban constantemente de muerte por oponerse a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque.
«Hay una desconfianza expresa con las autoridades hondureñas, que ahora tienen en sus manos la investigación, porque estas mismas instituciones fueron las que la persiguieron y la criminalizaron», dijo Berta Zúñiga, hija de la activista asesinada.
«Estamos marginados de la investigación por la ilegal secretividad interpuesta por el ministerio público», dijo por su parte José Gaspar, activista de Copinh, al asegurar que «se necesita de manera inmediata la participación de un equipo interdisciplinarios de expertos que sea
independiente e internacional», por parte de la CIDH, para que garantice un proceso «transparente y objetivo».
Durante el asesinato resultó herido el activista mexicano Gustavo Castro, coordinador de Otros Mundos Chiapas.
Castro, el único testigo presencial del crimen y quien logró escapar de los agresores fingiendo estar muerto, exigió que se clausure la empresa Desarrollos Eléctricos y que se retiren los financiamientos internacionales que apoyan ese tipo de proyectos en Honduras «que violan los derechos humanos y también la tierra de los pueblos indígenas».
«Nos referimos a los fondos del gobierno de Holanda, del gobierno de Finlandia, del Banco Mundial, a los fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica», puntualizó.
Castro dijo que ahora participará en el proceso como «acusación privada» en contra de quienes resulten responsables del crimen, y aseguró que contempla la posibilidad de denunciar al gobierno de Honduras por tentativa de homicidio y detención arbitraria.
Castro regresó a México a principios de abril, casi un mes después del crimen, pues las autoridades de Honduras habían emitido un alerta migratoria en su contra.
