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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
El próximo domingo 11 de junio, los defensores ambientales y líderes comunitarios: Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez, Pedro García, Teodoro Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas, cumplirán seis meses de su detención y encarcelamiento ordenado por la Fiscalía General de la República y el sistema judicial.
Dennis Muñoz, abogado defensor, presentó este jueves 8 de junio, al Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque, en Cabañas, una solicitud de revisión de medidas. Este es el segundo escrito, luego que en el pasado mes de febrero interpusiera el primero, cuya finalidad es la libertad de los cinco ambientalistas detenidos.
“Queremos que se revise nuevamente el motivo por el cual fueron detenidos, sobre todo, que se advierta y pueda actualizar la salud de ellos, porque deben ser evaluados por médicos en este caso. Y también se ha presentado una acción de medida pericial -que no puedo dar detalles- porque estamos en un caso con reserva total y, por tanto, sólo podemos dejarlo plasmado”, declaró el abogado.
La captura de estos cinco líderes comunitarios y ambientalistas, el pasado 11 de enero, en horas de la madrugada, la Fiscalía General de la República adelantó a los habitantes de la Comunidad Santa Marta que en ningún momento sus compañeros iban a ser juzgados en el marco del régimen de excepción, lo cual no se cumplió. Porque ni familiares ni su abogado defensor ha tenido acceso a ellos, y desconocen su situación salud tanto física como psicológica.
“La expectativa es que se realice de nuevo una audiencia de revisión de medidas para que se pueda discutir nuevamente este punto y puedan tener la oportunidad estas personas detenidas de quedar en libertad”, explicó el abogado.
“Una medida cautelar -como la detención – no es eterna o perpetua, y tampoco debe ser considerada como una pena anticipada, y esto lo ha reiterado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), lo ha dicho en casos similares ocurridos en América Latina”, señaló Muñoz.
El abogado Muñoz añadió que han fundamentado esta petición en el entendido que es necesario que el Tribunal de Instrucción de Sensuntepeque, evalué el estado de salud de las cinco personas detenidas, señalando que están a punto de cumplir 6 meses privados de libertad y en consecuencia era necesario tener conocimiento actualizado del estado de salud de sus defendidos.
“Se pueda modificar incluso a tres meses la medida más gravosa en que se encuentra, el segundo elemento de argumentación es la salud y humanidad por ser personas mayores, e incluso, con enfermedades crónicas ya registradas en los expedientes como la diabetes o hipertensión”, afirmó.
“Y por último, el tema que pueda evaluar el Juzgado, es la medida cautelar, que responde a estándares de derechos humanos, en donde se advierten derechos fundamentales que se pueden estar vulnerando con la medida cautelar, incluso, con la detención provisional”, manifestó Muñoz.
Además fue presentado un escrito ante el Juzgado de Vigilancia de Sonsonate, por el caso de Saúl Rivas Ortega, quien fue trasladado del Centro Penitenciario de Quezaltepeque, donde se encuentran los reos con problemas de salud, al Penal de Izalco, Sonsonate.
El abogado cuestionó la decisión de trasladar a una persona que por su condición de diabetes, decidieron alejarlo de una oportunidad de tener controlado su padecimiento para llevarlo al centro penitenciario de Izalco en donde “estará en peores condiciones y el punto es que queremos evaluar porqué hicieron eso”, pues es una flagrante violación del derecho a la salud.
En cuanto al pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH), de la Secretaría General de las Naciones Unidas sobre la preocupación por la reiterada prórroga del estado de excepción en El Salvador yel cuestionamiento de las cuatro Relatorías de Derechos Humanos de la ONU, Muñoz señaló que estas expresiones, junto a algunos Parlamentos europeos, es porque han evidenciando un patrón de vulneración de derechos fundamentales en el país.
“En mi opinión, que ya relatores de derechos humanos de la ONU o los pronunciamiento de varios Parlamentos de Europa, es porque están preocupados por lo que sucede en el país. Y sólo puedo decir que el Estado de El Salvador queda en evidencia sobre la arbitrariedad con la que se está actuando al margen de la legalidad”, acotó.
“Como se puede ser indolente -en este caso en particular- cuando personas enfermas se encuentran privadas de libertad a una detención que tal parece una pena anticipada en contra de ellos, cuando es un caso -puedo decirlo- con muchas debilidades, sin robustez probatoria y transcurridos cinco meses de su detención, evidencia los pronunciamientos de los Relatores (ONU) la flagrante vulneración de los derechos de los ambientalistas”, argumentó.
Mientras, el líder comunitario de Santa Marta, Alfredo Leiva, afirmó que seguirán acompañando a sus compañeros, y que esperan los cinco días que corresponden para que el escrito sea conocido, estudiado y notificado para saber, el dictamen del Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque.
“Estamos una vez más acompañando la defensa legal de nuestros compañeros y exigiendo que se tome en cuenta los argumentos por lo que estamos solicitando otra vez, una revisión de medidas”, dijo.
“Sabemos que tenemos suficientes motivos para solicitarla y sinceramente debería el actual el sistema judicial salvadoreño dejarlos libres a partir que no hay motivaciones más allá de las denunciadas que son motivaciones políticas, por esto estamos denunciando todas las arbitrariedades que se están cometiendo en este caso”, puntualizó Leiva.
