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La parte defensora de la presidenta Dilma Rousseff expondrá este lunes ante la comisión especial de la Cámara de Diputados, try en un periodo de 30 minutos, rx las pruebas y alegatos que desvinculan a la mandataria de los delitos que se le imputan, look tales como: incurrir en maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar los presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública, algo que la legislación prohibe.
La defensa encargada de demostrar su inocencia estará liderada por el abogado de Gobierno, José Eduardo Cardozo, quien hará la exposición de alegatos y cuyo razonamiento técnico y jurídico fue adelantado días antes por el ministro de Hacienda, Nelson Barbosa, en la comisión especial.
Además, Cardozo dijo que la destitución de un presidente sólo puede ocurrir en el caso de delito “grave”, que “obviamente” exige la salida del funcionario; sin embargo, él entiende que Dilma no encaja con este requisito.
“Vamos a dejar en claro que en un sistema presidencial como el nuestro, el presidente sólo puede ser removido de su cargo si comete un crimen grave que califique como ataque a la Constitución”, agregó el abogado.
Barbosa: Acusaciones a Rousseff solo buscan derrocar su Gobierno.
Parte del alegato señala que los decretos de crédito extraordinario, publicados el año pasado sin la autorización del Congreso, cumplen con los requisitos de la Ley de Presupuesto de 2015.
El ministro de Hacienda, por su parte, aseguró que las acusaciones hechas a la presidenta Rousseff, carecen de fundamentos y tienen como único objetivo derrocar el Gobierno constitucional de Brasil.
“Los delitos que se imputan a la Presidenta no corresponden con su actual mandato y según la interpretación que se hace de la Constitución, no puede destituirse a ningún actual funcionario por una falta cometida en un periodo anterior”, agregó.
El ministro también hizo hincapié en que “no hay nada de que hablar de flexibilidad fiscal, de irresponsabilidad fiscal o de delito de responsabilidad en un momento en el que el Gobierno hizo el mayor plan de contingencia de su historia”.
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Para que la interpelación avance, el plenario de la Cámara de Diputados deberá lograr el respaldo de 342 de los 513 miembros del cuerpo. Sin embargo, a juicio del sublíder de la bancada del Gobierno en esa instancia, Henrique Fontana (Partido de los Trabajadores), esto será difícil alcanzar.
Dentro del legislativo hay indicios bastante sólidos de que la oposición no conseguirá los votos necesarios para seguir adelante con el proceso, expresó el pasado viernes Fontana, poco después que el ministro de Hacienda Nelson Barbosa y el jurista Ricardo Lodi Ribeiro expusieran sus puntos de vista ante la comisión especial.
Tras la presentación de la defensa, el Comité evaluará la decisión en un lapso de cinco días y la votación final que determinará el futuro de Rousseff, será el 11 de abril.