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@RosmeriAlfaro
“No podemos inventarnos información”, indicó el ministro de defensa David Munguía Payés, respecto a la decisión de la Sala de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, de confirmar la legalidad de la resolución del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), que ordena al Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), recuperar o reconstruir información relacionada con operativos militares.
A 25 años de la firma de los Acuerdos de Paz en el país y como un aporte en la búsqueda de la verdad y la justicia, el IAIP pidió a la entidad la información de los operativos desarrollados en localidades de los departamentos de San Vicente y Cuscatlán, de 1981 y 1983.
“No tenemos compromiso con el pasado, no obstante, tenemos algunos casos de violaciones de los derechos humanos y desaparecidos durante la guerra, pero tampoco podemos inventarnos información si no tenemos archivos y no la encontramos”, señaló.
La solicitud de información consiste en el detalle de los operativos militares de las Fuerzas Armadas de El Salvador desarrollados en Tenango y Guadalupe, Suchitoto, Cuscatlán, en febrero de 1983, y en el Cantón San Francisco Angulo, Tecoluca, San Vicente, el 25 de julio de 1981.
Asimismo, pide incluir los documentos de planificación, lugares y mapas de los operativos, partes e informes militares de las operaciones, nóminas de las tropas ejecutoras, entre otros datos.
“Mucha gente piensa que nosotros durante el conflicto armado llevábamos un registro exacto de lo que sucedía. Muchas de las operaciones que realizábamos se daban en el terreno y no se anotaban todas las novedades, tampoco en las unidades militares se llevaba un registro muy detallado de los que sucedía”, dijo.
Ante lo resuelto por la Sala, el Ministerio de Defensa deberá realizar nuevamente la búsqueda de la información solicitada por los apelantes, incluyendo los archivos de las unidades militares que pudieron estar involucradas en las áreas geográficas.
Según Munguía Payés, muchos de esos archivos se extraviaron. “Estamos hablando de más de 25 años que se dieron esos hechos pero diferentes unidades militares han hecho un esfuerzo buscando en los archivos cualquier antecedente de la información solicitada, pero no la han encontrado”, aseguró el jefe castrense.
Las declaraciones las dio el ministro en la toma de protesta constitucional a Oficiales Superiores ascendidos al grado de General de Brigada, en la orden general de diciembre de 2016, realizada ayer, y donde el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, reiteró el compromiso de su Gobierno con el pago de pensiones.
De acuerdo con el ministro, el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada necesita $51 millones para cubrir el costo de las pensiones del presente año.
