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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Seis personas, entre las que figuran dos exministros de la Defensa Nacional, fueron acusadas ayer por peculado, falsedad documental agravada y actos arbitrarios. El caso es conocido como “Centrum”.
Los militares involucrados son los exministros Atilio Benítez Parada y David Munguía Payés; Rafael Melara Rivera, Manuel de Jesús Romero y a los ciudadanos Gustavo López Davidson, propietario de la empresa Centrum y expresidente de ARENA, y Héctor Abel Herrera, apoderado legal de la empresa, por considerarlos cómplices necesarios en el delito de peculado.
Según detalló el fiscal Jonathan Mata, el Ministerio de Defensa Nacional dirigido por Atilio Benítez entre 2011 y 2013, otorgó en calidad de intercambio vía contrato unas 14,000 armas dañadas o defectuosas a la empresa CENTRUM, lote valorado en más de $2,051,893, a cambio de dos piezas de artillería pesada (obuses) y otros implementos para artillería.
El contrato se celebró de manera fraudulenta, según la FGR, porque las otras empresas que participaron en la licitación del contrato de permuta aparecían representadas por Héctor Abel Herrera, representante legal de Centrum, y posteriormente aparecieron representadas por empleados de Centrum.
Las investigaciones establecieron que, presuntamente, Munguía Payés modificó partes del contrato como la que estipulaba que la empresa Centrum se comprometía a entregar dos obuses en un plazo máximo de dos años, la condición de que las armas fueran nuevas y redujo el plazo de fianza del cumplimiento del contrato.
“Dejó indefenso al Estado en la entrega de los obuses, porque no vinieron en los 24 meses, se tuvo que hacer otra prórroga por parte del general Munguía Payés para alargar el contrato y facilitar la entrega de los mismo y, por ende, favorecer a la empresa Centrum”, relató el fiscal.
También explicó que el Ministerio de la Defensa Nacional aceptó las piezas de artillería “repotenciadas” y no nuevas como establecía el contrato. El general Rafael Melara Rivera, exjefe del Estado Mayor, es acusado por falsedad documental agravada por girar la recomendación de aceptar el armamento repotenciado y no nuevo.
Según la relación de los hechos, los obuses fueron guardados hasta que venció la garantía de cumplimiento, sin que se constataran las condiciones del armamento recibido.
Héctor Abel Herrera y Gustavo López Davidson habrían tenido conocimiento de los presuntos delitos que estaban siendo cometidos en la permuta de armas, según determina la investigación y que a criterio fiscal los perfila como cómplices necesarios en el delito de peculado.
Además de las 14,000 armas en mal estado, la FGR asegura que Defensa habría permutado 2,441 armas nuevas y que un informe ministerial interno recomendó no permutar. Este lote de armas fue incautado, según confirmó el Ministerio Público.
La fiscalía ha establecido preliminarmente que el monto defraudado al Estado asciende a $2,051,893 y adelantó que podría ser mayor.
Audiencia el miércoles
A su llegada a la sede judicial bajo un fuerte operativo de seguridad, Gustavo López Davidson declaró que el caso se trata de una persecución política emprendida por el gobierno de Nayib Bukele.
Sostuvo que el objetivo del mandatario es “dañar de cualquier forma a sus opositores políticos” y desviar la atención sobre los señalamientos de presunta corrupción al interior de su gabinete.
El Juzgado Quinto de Paz de San Salvador programó la audiencia inicial en contra de Gustavo López Davidson, David Munguía Payés, Atilio Benítez Parada y los otros tres imputados para este miércoles 19 de agosto a las 9:30 a.m.
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