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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derechos (FESPAD) dio a conocer los resultados del análisis mediático, de documentos y entrevistas, sobre la dinámica e implicaciones que tuvieron las personas defensoras de derechos humanos durante la pandemia por el COVID-19. El estudio arroja que el ámbito con mayores violaciones en la cuarentena obligatoria fue la libertad de expresión y prensa, con un 47.22 %.
Loyda Robles -directora de Fortalecimiento a la Institucionalidad del Estado Transparencia y Anticorrupción de FESPAD- señaló que durante la emergencia por el covid periodistas y trabajadores de la comunicación fue el grupo poblacional mayoritariamente agredido por parte del presidente de la República y su gabinete de Gobierno, pues constituyen las personas que más defienden el derecho de libertad de expresión y constantemente ejercitan su libertad de prensa.
Asimismo, se dieron restricciones a la libertad de expresión de la ciudadanía crítica ante las decisiones gubernamentales.
“Organizaciones de la sociedad civil y algunos medios de comunicación fueron atacados en reiteradas ocasiones de manera directa e indirecta, no solo por el presidente y algunos miembros de su gabinete, también por simpatizantes de su Gobierno, que actualmente fungen como funcionarios de otras carteras del Estado.
De hecho, periodistas fueron quienes mayor número de ataques individuales reportaron durante la cuarentena, debido a limitaciones al ejercicio de la labor informativa y a su libertad de expresión individual. En la cuarentena domiciliar la mayoría de personas defensoras de derechos humanos no tenían facultades legales para desplazarse libremente en el país, por lo que permanecieron encerradas y sus agendas de luchas reivindicativas detenidas, dado que el trabajo es mayormente territorial o de campo”, enfatizó Robles.
Asimismo, dijo que en segundo lugar en violaciones a sus derechos están quienes promueven la defensa de la democracia y el Estado de derecho, así como el respeto a los derechos de la población en su conjunto, con el 23.61 % de las afectaciones registradas. Aquí se reflejan casos como ataques a las organizaciones de sociedad civil por defender la institucionalidad del Estado, división de poderes y el Estado constitucional de derecho.
El tercer grupo mayoritariamente agredido es de algunas organizaciones feministas, quienes a finales de abril de 2020, denunciaron públicamente el incremento de agresiones que sufrieron mujeres, niñas y adolescentes, debido al confinamiento generalizado, estas mujeres y organizaciones denunciantes también fueron víctimas de violaciones a sus derechos por haber manifestado esos hechos.
Además, las personas defensoras de los derechos laborales, población LGBTI y relacionados con el medio ambiente y la soberanía alimentaria en la crisis por COVID-19, también sufrieron ataques.
Para FESPAD, la pandemia ha dejado en evidencia una vez más la fragilidad de la incipiente democracia del país, y revela la importancia del trabajo de las personas defensoras de derechos humanos, quienes juegan un rol determinante en la generación de condiciones justas y equitativas. Sin embargo, es preocupante la situación de desprotección en la que las personas defensoras de derechos humanos llevan a cabo su labor en El Salvador.
Saúl Baños -director ejecutivo de FESPAD- externó que el Estado salvadoreño se ha negado a generar condiciones legales para la protección de personas defensoras, aún y cuando en el país hay casos de persecución, amenazas, intimidación, criminalización e incluso asesinatos. A pesar de que las organizaciones han presentado iniciativas y lineamientos para la formulación de una política pública para la protección de los defensores de derechos humanos.
“Como FESPAD facilitamos ese proceso, hicimos consultas en todos los departamentos del país y presentamos el documento al gobierno anterior y no ha tenido resultados. En 2018 presentamos una propuesta de ley a la Asamblea Legislativa para la protección de personas defensoras de DD. HH., este lunes sostuvimos una reunión con diputados de la comisión de justicia para conocer el estado actual de dicha ley, lamentablemente la respuesta que recibimos es que no ha habido ningún avance en la discusión de la iniciativa”, manifestó Baños.
Baños hizo un llamado al Estado salvadoreño pero en particular al Órgano Ejecutivo y sus funcionarios para que respeten la labor de las personas defensoras de derechos humanos.
