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José M. Tojeira
El Idhuca, junto con otras instituciones, ha comenzado recientemente una campaña en favor de proteger y visibilizar la labor de los defensores y defensoras de derechos humanos. Todavía hay sectores en El Salvador que piensan que los derechos humanos son un instrumento político o que defienden a criminales. Algunos defensores han sido estigmatizados, amenazados o calumniados mientras cumplían con su noble tarea. Todavía me acuerdo de lo que contaba el P. Jon Cortina sobre lo que le aconteció a un investigador de Probúsqueda. Llegó a la casa de un militar ya retirado y con grado de general para preguntar sobre un operativo en el que dicho militar había estado y habían sido capturados una serie de niños, posteriormente traídos a San Salvador para ser dados finalmente en adopción. Los parientes sobrevivientes de la guerra querían saber de ellos, reencontrarlos si era posible, sin ni siquiera pretender hacer denuncias ni crear conflictos con los padres adoptivos. El general retirado salió a la puerta de su casa y le dijo al miembro de Probúsqueda: “La próxima vez que vengas salgo con la pistola en la mano”. Nada extraño, tratándose de un miembro de la famosa Tandona.
Hoy es más difícil llegar a esos extremos. Pero diversos comentarios electrónicos de algunos medios muestran con frecuencia un vocabulario digno de los sectores más racistas y asquerosos de las peores dictaduras violadoras de derechos básicos. Incluso no faltan los suplantadores de identidad que se sirven de cualquier método para desacreditar personas. Defender a los defensores es tarea de todo ciudadano consciente. Porque hoy los defensores cubren una enorme cantidad de temas que con frecuencia pasarían inadvertidos si no existieran ellos. La defensa de la mujer ante delitos de odio y abuso ha ido mejorando gracias a las defensoras activas en la sociedad civil. Aunque todavía hoy la violación y la agresión sexual continúan siendo una verdadera epidemia entre nosotros, los avances han sido importantes.
La defensa de nuestro patrimonio cultural indígena tiene como protagonistas a personas de la sociedad civil. Quienes han puesto en el escenario del debate nacional el expolio de bienes culturales que se comete en la zona de Tacuzcalco son defensores de derechos. Jóvenes defienden a jóvenes, en ocasiones detenidos durante largo tiempo, acusados de delitos sin pruebas fehacientes. Otros se oponen a esas medidas ordinarias hoy sancionadas legalmente como ordinarias, que en contra de estándares internacionales encarcelan a personas con presunción de inocencia en las mismas cárceles que los criminales sentenciados o les impiden el contacto adecuado con sus abogados y familiares. Desalojados inmoral e injustamente de sus viviendas, como los habitantes de El Espino, continúan siendo hostigados en ocasiones por los vigilantes del terreno de la familia Dueñas de donde fueron desalojados, y solo la presencia de defensores de derechos humanos, como lo son también los y las jóvenes de TECHO o FUNDASAL, aplacan un tanto la situación. Los periodistas defienden el derecho a la verdad, son verdaderos defensores de DDHH, y en países vecinos al nuestro son con demasiada frecuencia asesinados por ello.
El abuso de autoridad o la impunidad de los poderosos nunca son factores de solución de los problemas de violencia. Al contrario, agravan la situación, crean desconfianza de las autoridades y tienden a romper la cohesión social.
Frente a ellos los defensores y defensoras de DDHH crean confianza social, aumentan los niveles de solidaridad ciudadana, fuerzan a las instituciones estatales a funcionar con un poco más de decencia, mejoran la convivencia.
Encuentran dificultades porque todavía abunda entre nosotros el machismo, los partidarios de la ley del más fuerte y los individualismos desquiciados que desconocen lo indispensable que es la solidaridad para la supervivencia de la especie humana. La Mesa Nacional de Defensores de Derechos Humanos ha presentado hace aproximadamente dos meses ante la Asamblea Legislativa una propuesta de ley de protección de los defensores y defensoras de DDHH. Su aprobación urge no solo para proteger a los defensores y defensoras, sino para mentalizar también a un buen número de funcionarios que deben estar abiertos a la colaboración y por supuesto a la protección. La defensa de los DDHH es el mejor camino para asegurar en nuestras tierras la cultura de paz.
