@GloriaCoLatino
Organizaciones sociales que integran el “Foro del Agua” alzaron su voz para denunciar al alcalde de Tacuba, Ahuachapán, Joel Ernesto Ramírez, del partido ARENA, por presentar acusaciones falsas contra seis líderes comunales, directores de la Junta de Agua (ADESCOBO), que defienden la gestión comunal del recurso hídrico.
“El alcalde Joel Ramírez Acosta pretende desde el año 2007, de forma ilegal, apropiarse del Sistema Comunitario y las fuentes de agua que abastecen estas siete comunidades, que defienden el derecho al agua para todas y todos”, dijo Xenia Marroquín, Representante del Foro del Agua.
Marroquín lamentó la actitud del fiscal auxiliar de Santa Ana, Miguel Santiago Gross, quien ordenó las capturas obviando las “medidas cautelares” para los capturados que dictó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en octubre del año 2015.
“Nos llama mucho la atención que el alcalde Joel Ramírez, denunciado ante la Fiscalía de Santa Ana con suficientes pruebas de cargo, sobre el cometimiento de delitos por desacato a una orden judicial, emitida por la Sala de lo Constitucional y actos arbitrarios contra las comunidades, no tengan aún una respuesta de parte del ente fiscal”, acotó.
Los defensores del derecho al agua reiteraron que el alcalde Joel Ramírez Acosta de forma “fraudulenta” ha impuesto una “junta directiva paralela” donde el hermano del edil tiene amplia participación; así como realizar una supuesta “asamblea general” para donar el sistema de agua al Concejo Municipal, sin contar con las 940 familias usuarias.
Para Karen Ramírez, del Foro del Agua, la prepotencia del alcalde Ramírez ha llegado al punto de ignorar una previa demanda civil en curso y desobedecer una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que resolvió a favor de la ADESCOBO.
“Han capturado a estos líderes comunales en horas de la madrugada y muchos de ellos son adultos mayores, el mayor de 77 años, y no han cometido ningún crimen, solo defender el derecho que tienen al recurso hídrico, porque es de todas y todos. Hacemos un llamado también, a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, para que se pronuncie ante estos actos de violencia y arbitrariedad de ese alcalde contra la población”, denunció Ramírez.
Asimismo, denunciaron que la Fiscalía General de la República no ha hecho las acciones correspondientes para proteger los bienes del Estado; como el caso de ANDA, que denunció el manejo de este recurso natural; o los reparos hechos por la Corte de Cuentas de la República en cuanto al manejo del Sistema de Agua Municipal en el casco urbano y no existe ningún proceso de investigación abierto.
“Hacemos un llamado al Fiscal General Douglas Meléndez a investigar el comportamiento del fiscal auxiliar de Santa Ana, Miguel Santiago Gross; queremos que dejen de presionar a la población con este tipo de intimidaciones y represión. Y exigimos al alcalde dejar de condicionar a las comunidades -con servicios que son su obligación prestar- para que paguen el recibo del agua, por un sistema que no es suyo, porque fue donado por CARE y USAID a la comunidad, nueve años atrás”, puntualizó la dirigente comunal.