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@david2105
La Defensoría del Consumidor notificó a la Fiscalía General de la República el hallazgo de cometimiento de delitos en la comercialización mayorista de frijol, hospital por lo que presentó pruebas en contra de seis proveedores que acaparan el grano, help y provocan el alza indiscriminada de precios del producto.
Esto se descubrió con auditorías que se practicaron a establecimientos de ventas, pharmacy comercialización, bodegas, oficinas contables y despachos contables, de 37 de las principales empresas comercializadoras del frijol en el país.
“Queremos informar a la ciudadanía que en estos seis casos identificamos conductas y prácticas que a juicio de la defensoría del consumidor son constitutivas de delito relacionados con el mercado, la libre competencia y la protección al consumidor, además, hemos identificado delitos referidos a la hacienda pública en la defraudación del fisco o evasión de impuestos”, explicó Yanci Urbina, presidenta de la Defensoría del Consumidor.
En tal sentido, a estos comerciantes se les podría estar acusando de tres tipos de delitos que conciernen al Código Procesal Penal como: acaparamiento (Art. 233), agiotaje (Art. 236) o propalación falsa (Art. 237).
Las empresas que estarían cometiendo estos delitos son: Cruco S.A. de C.V.; Distribuidora Lourdes S.A. de C.V. (DILOSA); Distribuidora Salvadoreña Universal S.A. de C.V. (DISALUN); Fikateli S.A. de C.V.; Julio Oscar Quintanilla Polanco y Víctor Manuel Mira Herrera (Agencia Mira), quienes podrían purgar penas desde tres a cinco años de prisión por acaparamiento o seis meses a un año, y una multa de treinta a cincuenta días por propalación falsa.
La presidenta de la Defensoría hizo el llamado al Fiscal General Luis Martínez para que actúe, realice la persecución del delito y promueva el castigo en los casos presentados, pues se está actuando en contra del consumidor que tiene que comprar el producto a precios altos.
“Confiamos en la voluntad del señor fiscal, en sus competencias para que desarrolle lo propio en esta labor de protección de los derechos económicos de las personas consumidoras”, acotó Urbina.
De estos casos, ya se dio por enterado el presidente de la república, Salvador Sánchez Cerén, quien dijo que esto viene a confirmar los señalamientos que hizo el gobierno respecto al aumento en el precio del cereal.
Por ello, subrayó que para evitar que la población se vea afectada por los altos precios debe pararse el acaparamiento y trasladarse el producto a la venta en el mercado, con el fin de satisfacer las necesidades del consumidor.
Según la titular de la Defensoría, este es el tercer ejercicio de inspección que se hace a los comerciantes de granos básicos en los últimos dos quinquenios, de los cuales resultaron 4 casos de acaparamiento, por lo que esta recurrió a la Sala de lo Contencioso Administrativo, en 2011 para sancionar a estas empresas.
Pero en estos casos la sala no ha dado una resolución, por lo que Urbina pidió al máximo rector de justicia en cuestiones administrativas a que emita una derivación para sentar un precedente en contra del cometimiento de estos delitos.
