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@elder_gomez_2
El congreso salvadoreño se dispone a aprobar este jueves, salve una serie de reformas penales para encarcelar, physician hasta por ocho años y sin derecho a fianza, a los defraudadores al fisco nacional y municipal, en momentos que el gobierno busca recursos para combatir la inseguridad pública.
La solicitud para enmendar al menos ocho artículos del Código Penal y Procesal Penal fue presentada la víspera al congreso por el oficialista FMLN, en un intento por “atacar una modalidad de crímenes que nos afectan a todos y a todas e hipotecan el futuro de nuestra sociedad”, reza parte del documento.
Las reformas a las leyes penales tienen previsto ser sometidas a votación este jueves, durante la Sesión Plenaria, y se prevé que, además de los diputados del FMLN, den sus votos a las enmiendas los legisladores de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) y del Partido de Concertación Nacional (PCN).
Las reformas al Código Penal solicitadas, advierten con encarcelar con 4 a seis años, “cuando la suma evadida fuere de trescientos mil colones (más de $ 34 mil) y con prisión de seis a ocho años, si la evasión de impuestos excede de quinientos mil colones (más de $ 57 mil)”, se advierte en la pieza de correspondencia presentada por el oficialismo al parlamento.
En el documento también se amenaza con encarcelar hasta por seis años, a aquellos administradores tributarios que manejen cuentas superiores
a los “veinticinco mil colones ($ 2,857)”, que no las tributen total o parcialmente al erario público.
“… O que tengan en su poder o custodia sumas de dinero de retenciones, percepciones, anticipos de otro carácter tributario y no los entregue total o parcialmente dentro de los plazos legales o se apropiare de las mismas perjudicando al fisco o a la municipalidad”, se agrega en la petición.
Las conductas “que pudieran ser constitutivas de delitos de evasión de tributos y apropiación o retención indebida tributaria”, como elaborar o suscribir documentación amañada para la evasión del pago de impuestos, será notificada a la Fiscalía General, se añade en el documento.
No serán perdonados
Advierte, además, que “si en cualquier momento el imputado satisface debidamente al fisco los tributos o beneficios fiscales defraudados, con sus respectivos accesorios, la pena a imponer se fijará entre la mitad del mínimo y el mínimo de la penalidad respectiva”.
“El pago de lo adeudado solo será un atenuante de la pena, no va a eliminarse la persecución penal”, aclaró, al respecto, la jefa de fracción por el FMLN, Norma Guevara.
“La pena se aumenta – se añade en el documento -, hasta con una tercera parte del máximo y se impondrá además inhabilitación especial para el ejercicio del cargo, empleo o función por igual tiempo”, si los responsables son funcionarios o empleados públicos, notario, contador, auditor o portador de Fe Pública.
Políticos reaccionan
Guillermo Gallegos, de la GANA, anunció que su partido político apoyará la iniciativa presentada por el FMLN, “por que una cosa es deuda, por lo cual uno no puede ir a prisión, como lo establece la Constitución, y otra cosa es usar artimañas para no pagar lo que le corresponde como contribuyente”.
El legislador por el Partido de Concertación Nacional (PNC), Serafín Orantes, también anunció que su partido político apoyará la propuesta del oficialismo, “porque sabemos que hay muchas empresas que todavía están haciendo este tipo de prácticas”.
Al respecto, indicó que las empresas morosas “no toman en cuenta que las arcas del Estado requieren de muchos ingresos para poder mantener los diferentes programas”.
¿Persecución empresarial?
Ricardo Velásquez, legislador por la opositora ARENA, consideró que “no es prudente señalar a priori a evasores, cuando conocemos antecedentes recientes, donde el FMLN ha perseguido al sector empresarial”.
El Ministerio de Hacienda divulgó meses atrás un listado con los nombres de importantes empresas que deben millones de dólares al fisco, misma que fue inhabilitada por la controversial Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Al respecto, el legislador por el FMLN, Roger Blandino, recordó que en “reiteradas” acometidas la Sala de lo Constitucional ha declarado inconstitucionales una serie de Decretos, algunos de los cuales han librado del pago de impuestos a la ostentosa banca transnacional y a otros prominentes empresarios locales y extranjeros.
“Estamos frente a un muro que impide que se le cobre a los que tienen más”, advirtió el parlamentario, quien lamentó el congelamiento por parte de la CSJ de $ 900 millones en Títulos Valores del Estado, $100 millones de los cuales estaban destinados al fortalecimiento de la Seguridad Pública.
El gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén presentó de manera reciente una propuesta para cobrar un impuesto del 10 por ciento por el consumo de cualquier tipo de telecomunicaciones o la compra de
dispositivos afines, la que ha sido rechazada por la oposición política, pese a la falta de recursos para combatir la delincuencia generalizada en El Salvador.
