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La más importante noticia de ayer martes fue, sin lugar a dudas, el pedido de asilo del expresidente de la República, Mauricio Funes y su grupo familiar, y la aceptación del mismo de parte del Gobierno de Nicaragua.
El uno de septiembre, y no antes, como había manifestado hace más de quince días el Fiscal General, Douglas Meléndez, el ex mandatario Funes solicitó el asilo político, el cual fue aceptado un día después, tal como se lee en la Resolución Ministerial Número 073-2016.
Para los que quieren ver a Funes tras las rejas, pues no les basta con el show montado por la Fiscalía, en su deseo de encontrar evidencias para sostener una acusación de lo que sea, el asilo de Mauricio Funes es la prueba de que algo debe a la justicia del país, y por eso anda huyendo.
Para habrá quienes comprenderán que Funes fue obligado a asilarse, dada la rabia expresada por la derecha política, empresarial y mediática, con tal de poner a Funes tras las rejas.
La investigación que dos magistrados de la Sala de lo Constitucional ordenaron a Probidad, contra Funes, fue para descubrir el supuesto delito de “enriquecimiento ilícito”, por cerca de 700 mil dólares.
A Funes le dieron solo tres días para que recogiera la información de descargo, y cuando este presentó, Probidad las rechazó y presentó la denuncia en una de las Cámaras Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro, tal como lo ordena la Constitución.
En su alegato, Funes justificó cada monto observado, incluido lo que había devengado en la empresa Orbita TV, tras argumentar la corte que dicha empresa, por ser reciente “era poco creíble que contratara a un ex presidente como empleado”.
Al mandar el caso a la Cámara, la Sala de lo Constitucional ordenó congelarle sus cuentas bancarias, entre otras medidas.
Luego vinieron los allanamientos a las empresas de un reconocido amigo del expresidente Funes y a la residencia de este y de la compañera de vida, ordenados por la Fiscalía General de la República, con todo lujo de morbo mediático, sin tener una acusación concreta, como se puede comprobar hasta el día de hoy.
El señor Fiscal General, Douglas Meléndez, justificó los allanamientos con la esperanza de “encontrar evidencias” que pudiera inculpar al expresidente en cinco delitos penales.
El montaje mediático de los allanamientos y las declaraciones de personeros de la cúpula arenera, empresarios y analistas de derecha, dejaron claro que iba tras de Funes y lo metería preso, cueste lo que cueste, lo que implicaba que estaba en duda el debido proceso.
A Funes y a la familia los han dejado sin nada, hasta los juguetes del hijo se llevaron, en el afán de “buscar” evidencias.
Es decir, el tratamiento que se le ha hecho al caso va más allá de una investigación seria y necesaria, para encontrar o no la culpabilidad de un sospechoso, pues lo que ha quedado evidenciado es que lo que se busca es linchar política y jurídicamente a Funes, por su atrevimiento de “ponerle el cascabel al gato”, como resumía Funes, su enfrentamiento al poder oligárquico del país.
