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El 5 de abril ha quedado nuevamente marcado como una fecha especial en la historia peruana. En 1992 Alberto Fujimori se tornó en un dictador y en 2022 Pedro Castillo suspendió las garantías constitucionales.
Isaac Bigio. Politólogo economista e historiador con grados y postgrados en la London School of Economics.
1992 y 2022
Hace exactamente 30 años, un Presidente civil constitucional interviene ilegal y militarmente a los poderes judicial y legislativo, disolviendo a este último. Entonces, Alberto Fujimori impuso una dictadura que entregaría al país a los grandes monopolios privados. Todo esto, pese a que él fue originalmente electo buscando representar a las capas populares contra la oligarquía criolla y sus partidos tradicionales y prometiendo hacer un «no shock».
Hoy, en el 2022, el primer sindicalista y maestro rural en llegar al poder ha decretado una «inmovilidad ciudadana» en Lima y Callao, la cual es una forma de estado de emergencia y toque de queda de 22 horas continuas, la cual él ha amenazado que pudiese extender. De manera repentina, Pedro Castillo obligó a un tercio de los 33 millones de peruanos a quedarse encerrados mientras las FFAA patrullasen las calles. Con ello, se ha afectado a la economía de todos, especialmente al 80% que trabaja sin sueldos o contratos laborales permanentes. Las bodegas afirman haber perdido de un plumazo 12 millones de soles.
Fujigolpe
En 1990 la mayoría de las izquierdas y el APRA llamaron a votar por Fujimori para evitar que Vargas Llosa y su shock neoliberal ganasen las elecciones. Empero, a poco tiempo de llegar a Palacio, el «chino» (como le gustaba ser llamado) el peor y más brutal ajuste económico de nuestra historia (en un día se elevaron decenas de veces los precios de los productos mientras se congelaban los salarios). También ejecutó un feroz terrorismo de Estado e hizo aprobar la peor legislación antilaboral que haya conocido los trabajadores peruanos. Tras haber tenido a varios izquierdistas en su Gabinete o entorno, Fujimori terminó tirándolos al tacho como limones exprimidos.
Con el autogolpe del 5-4-92, Fujimori violó la constitución y los derechos humanos y medioambientales. Remató a casi todas las empresas públicas, cientos de miles fueron despedidos, la «informalidad» se tornó en lo formal, se anuló la estabilidad laboral y el grueso de los trabajadores fueron trasladados al sector terciario (donde se laboraba más de 40 horas semanales, con nulas o reducidas vacaciones y con el riesgo de ser sacados en cualquier momento). Las reformas agraria, industrial y nacionalizadora de 1968-75 fueron revertidas y se dio paso a la gran concentración de la tierra y las minas en grandes corporaciones que no respetaban la ecología, el agua o la mano de obra.
El espionaje telefónico, la tortura, las desapariciones, los escuadrones de la muerte, los hornos crematorios y las masacres se masificaron. Millares fueron asesinados y cientos de miles de mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento. En 1993 se impuso ilegalmente al país una nueva constitución que promueve y defiende a los monopolios y oligopolios.
Herencia
Con Fujimori la sociedad peruana cambió radicalmente. Hasta hoy se continúa el modelo privatizador y neoliberal, la corrupción generalizada, la constitución y las instituciones que él puso en marcha.
Cuando el 6 de junio 2021 Castillo se convirtió en el primer peruano en sacar más de 8,8 millones de votos, el pueblo creyó en su discurso de ir hacia una desfujimorización total del país. Empero, nada de ello ha ocurrido. Si bien se ha logrado evitar que Keiko Fujimori llegue a Palacio y que se corte el juicio contra ella y su mafia, persiste el continuismo. Se ha mantenido a la misma macroeconomía neoliberal, a la cabeza monetarista del BCR y la SBS, la subordinación al FMI y al Banco Mundial, al USAID, etc. Castillo no ha cumplido con sus promesas de recuperar nuestros recursos, de reducir la pobreza (la cual ha crecido), de elección popular de jueces o de extender el sistema de rondas contra la delincuencia y la corrupción. Pocos han sido extirpados por robos de fondos públicos. Es más, el primer secretario presidencial y varios de sus sobrinos se han dado a la fuga para no rendir cuentas ante la justicia.
Ante la explosión social espontánea que se ha dado contra las alzas impulsadas por los monopolios que financian al fujimorismo, Castillo ha tenido la oportunidad de canalizar ese descontento para imponer medidas contra esos grupos de poder. Empero, ha optado por una respuesta autoritaria. Paradójicamente, quien más ha salido a defender el supertoque de queda es el líder del golpismo en el Congreso, el montesinista Montoya.
5 de Febrero
Tal vez el temor de Castillo a que se pudiese transformar el 30 aniversario del 5 de abril en un nuevo 5 de febrero de 1975 (cuando Lima fue saqueda por turbas) es algo que le empujó a militarizar Lima y Callao y a enclaustrar a toda su población. No obstante, la situación es muy diferente pues ahora no hay una dictadura castrense o una huelga policial.
La encerrona ha generado un tremendo costo económico y social, además de haber pisoteado el derecho a la protesta y a las libertades. Castillo ha querido demostrar a la derecha que él, al igual que Fujimori, puede ponerse fuerte. Empero, con ello él se ha alineado con el continuismo de políticas económicas y represivas, ha ayudado a sus enemigos (el belaundismo desde la alcaldía de Lima y el Congreso y la DP le han cuestionado) y ha hecho que muchos izquierdistas (fuera de PL y PD) se le opongan. Lo más grave, es que viene creando nuevas brechas con el pueblo, el cual ha sido su principal sostén.
