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Montevideo / AFP
Luján Scarpinelli / María Paz Salas
«No es no», «Vivas nos queremos», «Ele nao», «Me too». Armadas con hashtags y argumentos que hicieron eco en millones de mujeres, los movimientos feministas hicieron de sus batallas una pugna incesante para promover un cambio cultural que en poco tiempo abatió a poderosos y se impuso en la agenda política.
En el último par de años, las mujeres apretaron los dientes para detener la inercia que relega sus derechos y permite una desigualdad manifiesta en estereotipos, violencia y límites a sus oportunidades.
En América Latina, alrededor de 20 países modificaron sus leyes para tipificar el feminicidio. El acoso callejero ya no se toma como «piropo» en varias naciones, la brecha salarial está en retroceso y el tema del aborto está sobre la mesa.
«Hay un proceso social y político de empoderamiento de las mujeres, con una mayor comprensión de sus derechos fundamentales y nuevos espacios de participación, que no tiene vuelta atrás», dice Mario Castillo, Oficial Superior de Asuntos Económicos de la División de Asuntos de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Sin embargo, la interpelación sobre el rol de la mujer -de la que ni los emojis quedaron al margen- aún está en sus inicios.
María Noel Vaeza, que asumirá en abril como directora regional de ONU Mujeres para América Latina y el Caribe, describe lo ocurrido en los últimos años en la región como una revolución «incompleta y desigual» en pos de los derechos femeninos.
– En busca de resultados –
La CEPAL contabilizó 2.795 femicidios en 2017.
En Brasil, que carga con el 40% de los feminicidios en la región y un total de 4,7 millones de mujeres agredidas en 2017, el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro no parece un escenario promisorio para rupturas.
En los primeros días de su gobierno, su ministra responsable de los derechos de la Mujer, celebró el inicio de una «nueva era» en la que «niño viste de azul y niña de rosa».
El último paso institucional fue en 2018, cuando el Congreso brasileño aprobó una ley que castiga con prisión el delito de «importunación sexual» y aumenta la pena por violaciones colectivas. La norma permite, por ejemplo, castigar más severamente agresiones sexuales como las de hombres que eyaculen sobre mujeres en el transporte público.
Hace pocos meses, Perú promulgó una norma que pena el acoso y el chantaje sexual.
Y mientras México se dispone a aprobar una reforma constitucional que considera el feminicidio como un delito grave, Chile busca extender la pena de esa figura legal a los asesinatos de mujeres a manos de sus novios.
«En el tema de la conciencia del femicidio se avanzó pero aún falta impactar para disminuir la cifra», asegura a la AFP Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer.
– Una brecha que persiste –
Según la ONU, cuando una mujer maneja los hilos de una empresa, ésta puede crecer hasta un 25% más. Pero en la región aún existe una brecha que afecta a las mujeres en distintos niveles jerárquicos.
Su participación laboral está lejos del 70% que alcanzan otros continentes. «En América Latina, solo el 56% de las mujeres participa en el mercado laboral. Si se compara con el 85% de los hombres, se ve que todavía hay una brecha importante», asegura Vaeza.
Pese a que se han producido avances, como el incremento de la educación formal femenina, también se ha visto un «estancamiento» en los últimos cinco años en su acceso al mercado laboral, dice Castillo.
Es que, aunque el viejo modelo de la mujer confinada a la cocina está en retirada, el tibio cambio en la dinámica familiar no supone absoluta igualdad fuera de casa: la brecha salarial llega al 25%, dice Vaeza.
El modelo actual de mujer orquesta, con múltiples tareas que complican su acceso o ascenso laboral tampoco le favorece.
El despertar feminista que vivió Chile en 2018 obligó al gobierno de Sebastián Piñera a anunciar una «agenda de género», que entre varias medidas incluyó una «ley de sala cuna (guardería) universal» para que se amplíe a todas las mujeres.
A contramano, el nuevo gobierno mexicano puso fin a los subsidios para guarderías donde acuden hijos de madres trabajadoras sin seguridad social por una supuesta corrupción.
La situación es especialmente crítica en países de Centroamérica como El Salvador, donde feministas claman por una ley laboral contra la discriminación por el simple hecho de ser mujer.
Además, los organismos alertan sobre la baja presencia femenina en cargos ejecutivos y directorios de empresas, y pugnan por incrementarla en posiciones políticas.
Según un estudio de CEPAL, a diciembre de 2017 siete países de América Latina y dos del Caribe registraron una disminución en el número de ministras respecto al mandato presidencial presidencial previo. Aunque México, Bolivia y Chile han ido en la dirección opuesta.
– Aborto: debate sin fin –
Más allá de Uruguay y Cuba, pioneros en la región, el debate sobre el aborto era tabú hasta hace poco tiempo. El epicentro del reclamo feminista tuvo lugar en 2018 en Argentina, donde el tema llegó al Congreso por primera vez acompañado de movilizaciones masivas a favor y en contra.
Tras el rechazo del proyecto en el Senado, el país conservó una ley de 1921 que permite la interrupción del embarazo en caso de violación o riesgo para la madre, más reciente en países como Chile, y en debate en Ecuador.
Pero no fue el fin de la discusión: el proyecto puede volver al recinto este año legislativo.
Sabrina Cartabia, abogada, líder de la Asociación Civil Red de Mujeres e integrante del colectivo Ni Una Menos, dice que hay un «movimiento revitalizado anti derechos» que avanza sobre la ley. En lo que va de 2019, dos casos de niñas violadas que dieron a luz pese a solicitar interrumpir sus embarazos en el noroeste argentino generaron indignación.
El Salvador, en tanto, cuenta con una penalización absoluta del aborto. Mientras casi una veintena de mujeres se encuentran encarceladas por este motivo, el Congreso estudia una propuesta para despenalizar el aborto en tres causales. Pero el debate se encuentra estancado tras el rechazo de sectores conservadores.
En México, quienes abogan por el aborto legal renovaron sus esperanzas luego de que la capital despenalizara la interrupción del embarazo. Ahora el panorama nacional pende de la Corte Suprema, que podría dejar sin efecto los artículos del código penal que castigan el aborto.
