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Durante la campaña electoral, en varias ocasiones el ahora presidente de la República Nayib Bukele criticó los endeudamientos a los que año con año incurría el país, para completar el presupuesto general de la nación y para pagar o amortizar deuda.
“El dinero alcanza cuando nadie roba”, decía en aquellos tiempos el candidato, dando a entender que se recurría a los préstamos porque el dinero producto de los ingresos corrientes se robaba o despilfarraba.
Los diputados del partido ARENA, principalmente, también criticaban que el país se siguiera endeudando. Y más de alguno de sus diputados, si no es que todos, decían que “no darían su voto para un préstamo más” para cubrir los gastos corrientes.
Mientras que los técnicos, es decir, los economistas serios, siempre explicaron que el déficit fiscal histórico del país, más los pocos ingresos producto de los impuestos en relación al presupuesto, obligaban a endeudarse para poder solventar las necesidades de país; es decir, los gastos corrientes y la inversión.
La oposición en el gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén obligó a estudiar y luego aprobar una Ley de Responsabilidad Fiscal, no solo para tener claridad en qué tipo de préstamo debía incurrir el país, sino hasta qué monto podría hacerlo, en la lógica que anualmente hubiese una reducción del déficit fiscal.
Central AmericaData.com señala que “Impulsada por los compromisos financieros del Gobierno Central y los originados por las pensiones, la deuda pública del país creció 3 % al cierre de 2018, llegando a $18.975 millones”.
Agrega que el tema del déficit fiscal no es exclusivo de El Salvador: “La deuda pública en términos de promedio simple de la región centroamericana seguirá creciendo hasta reportar un 43.1 % del PIB en 2018, luego del 42.5 % de 2017”.
Hasta el año 2018, la región centroamericana representaba en concepto de deuda pública, las cifras siguientes, según el El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI): 21.4 % en Costa Rica, 20.4 % en El Salvador (sin las pensiones), 20 % en Honduras, 18.4 % en Nicaragua, 17.6 % en Panamá y 12.1 % en Guatemala.
Sobre el tema de la deuda fiscal, ICEFI señala en el capítulo cinco, “Una característica de la cuenta financiera del Estado salvadoreño es la presencia de dos resultados presupuestarios producto de la privatización del sistema de pensiones realizada en 2001, proceso en el cual las pensiones de aquellas personas que no migraron a ninguna de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) fueron asumidas por el Gobierno. Por consiguiente, a partir de ese año se presenta un déficit «incluyendo el sistema previsional» y un déficit «sin incluir el sistema previsional», lo que vuelve más complejo el análisis y la comprensión de la situación financiera del país.
En términos generales, la deuda previsional ha representado casi la mitad del déficit total anual. Desde el 2013, se ha hecho notoria una reducción del déficit fiscal producto de una contención del gasto publico, que como ya fue mencionado ha afectado a la inversión pública y al gasto en desarrollo social, lo cual no es sostenible”.
“En cuanto a la deuda pública, es pertinente observar que el gobierno de El Salvador realiza sus contrataciones por medio de préstamos de apoyo presupuestario provenientes de organismos multilaterales (Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Mundial, entre otros), emisión de Eurobonos, emisión de deuda de corto plazo (LETES) y certificados de inversión previsional (CIP), destinados, estos últimos, a cubrir el Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP). En años recientes, el endeudamiento manifiesta una trayectoria de mayor contratación de empréstitos extranjeros, en particular por la colocación de Eurobonos emitidos por el Gobierno. La contratación de deuda interna, por su parte, requiere un análisis particular, debido a que al ser el US dólar la moneda de curso legal en el país, no produce presiones cambiarias; sin embargo, si puede provocar un incremento de la tasa de interés nacional, de manera que si se presentara algún tipo de asimetría con respecto a la tasa internacional, podrían producirse flujos de capitales que, incluso, llegaran a motivar una reducción en la inversión nacional y un encarecimiento del consumo intertemporal. Los niveles de deuda del SPNF han ido en pleno ascenso al pasar del 33.2 % al 52.6 % del PIB, entre 2000 y 2017; sin embargo, al agregarse al FOP, el saldo de la deuda alcanza en 2017, el 71 % del PIB”.
Visto lo anterior, no nos debe sorprender que sigamos viendo en los próximos años, presupuestos con la necesidad de recurrir a la deuda externa, como ocurrirá en el presupuesto de 2020, el cual presenta $755.8 millones en préstamo, pues los ingresos previstos por valor de $5 mil 670.3 millones no cubren los gastos proyectados que suman $6 mil 426.1 millones. El presupuesto de 2019 fue de $6 mil 713 millones.
Sin lugar a dudas, recurrir a préstamos para completar los gastos proyectados en un año fiscal dependerá siempre de las realidades fiscales, más que de discursos y/o buenas intenciones.
