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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“A partir de la detención de los cinco ambientalistas, la preocupación inmediata de nuestra delegación fue indagar, porque el directorio y su representante legal (ADES), que han hecho aportes tan positivos a su país, ahora se encuentran detenidos por un presunto hecho que tuvo lugar hace más de 30 años durante el guerra civil”, expresó Ross Well, integrante de Aliados Internacionales contra la Minería.
Well expresó lo anterior, durante la presenación del documento denominado: “Estado de Decepción Informe de la Delegación de Verificación de los Defensores del Agua de Santa Marta, la Minería y el Estado de los Derechos Humanos bajo la Administración de Bukele en El Salvador”, el cual fue realizado por una delegación de académicos y personas defensoras de derechos humanos de Estados Unidos, Canadá y Europa.
El reporte se suma a diversas acciones que están realizando organizaciones ambientalistas y de defensa a derechos humanos a escala nacional e internacional, a fin de motivar la conciencia colectiva de la población salvadoreña, sobre todo, con lo que está ocurriendo en el caso de los ambientalistas de Santa Marta, Cabañas, y como han venido sumando un sin fin de violaciones al debido proceso y la vulneración de sus derechos.
“Este reporte que presentamos este día fue presentado en inglés (el 11 de enero) en donde pedimos la libertad de: Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega abogado y Teodoro Antonio Pacheco, presidente de la Asociación de Desarrollo Económico Social (ADES)”, señaló el vocero.
“ADES es una organización que promueve la educación, la agricultura orgánica, el medio ambiente y su trabajo se extiende más allá de Santa Marta, en Cabañas, llegando a San Vicente, Cuscatlán, Usulután, San Salvador, La Libertad y La Unión, en donde ha sido crítico ante la escacez de agua en El Salvador, y ha expuesto los peligros que la minería metálica en el escaso suministro de la misma”, sostuvo Wells.
Wells reconoció la lucha social de estos ambientalistas, que su mayor logro fue la aprobación una Ley de Prohibición de Minería Metálica en El Salvador, en el año 2017, que se constituye en hecho inédito a escala mundial por ser el único país que cuenta con esta normativa jurídica.
Wells expresó que tuvieron que investigar los motivos y razones de su detención por un supuesto caso ocurrido hace 30 años, durante el conflicto armado, Y también la exploración sobre el ascenso del presidente Nayib Bukele , así como, un análisis sobre ciertas “maniobras políticas” que consideran le ha permitido “tener casi el poder político en el país”, como promulgar un “estado de excepción” y renovarlo por más de un año.
“El estado de excepción que han renovado mensualmente y que sabemos sigue vigente, le da al gobierno la libertad de suspender arbitrariamente derechos democráticos fundamentales y arrestar a cualquiera, por tiempo indefinido y sin tener representación legal. Lo que resultó en el encarcelamiento de más de 70 mil personas muchas de las cuales podrían ser inocentes, pero no han tenido la oportunidad de defenderse”, recalcó Wells.
“Lo más probable es que el gobierno salvadoreño tenga la intención de revertir la prohibición minera -en parte-, para abordar el pobre desempeño económico del país y las pérdidas financieras como su desafortunada decisión de hacer del Bitcoin una de las monedas oficiales del país ”, añadió.
Para Ross Well, el arresto de los líderes de Santa Marta y ADES, para tildarlos de asesinos, parecía más un intento de disminuir el aporte de este colectivo que ha realizado un emblemático trabajo en contra de la minería en el país y para facilitar el regreso a la minería.
Mientras, Bernie Hammond, de Aliados Internacionales contra la Minería, señaló, como un elemento contradictorio la acusación y el proceso penal de los cinco ambientalistas por un presunto asesinato, cuando es clara la falta de pruebas por parte de la Fiscalía General de la República.
“No es posible este proceso cuando existen demandas históricas de familiares y sobrevivientes de Santa Marta para que la Fiscalía General de la República investigue las masacres que cometieron los militares en donde cientos de personas fallecieron durante el conflicto armado”, acotó.
“Algunas de estas masacres, como la del Río Lempa (1981), la masacre de Santa Cruz y la masacre de San Gregorio ( ambas noviembre 1981), o sea, que los cargos contra los cinco ambientalistas no tienen base jurídica en los hechos y el caso debería desestimarse, sobre todo, porque están cubiertos por la Ley de Reconciliación Nacional (1992), que fue mediada por las Naciones Unidas (ONU)”, reiteró Hammond.
Asimismo, el informe contiene una serie de recomendaciones, que van desde la liberación total de los cinco defensores de Santa Marta; la no derogatoria de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica hasta un llamado a los gobiernos de los Estados Unidos, Canadá y la ONU, a fomentar el retorno de la gobernabilidad democrática en El Salvador.
“Nuestras recomendaciones al Gobierno salvadoreño, con base al principio del Estado de Derecho, el debido proceso, la democracia y el respeto a los derechos humanos, sugerimos garantizar la protección de los actores sociales del país, así como, retirar los cargos a los ambientalistas de Santa Marta”, indicó.
“Retirar el estado de excepción e implementar una verdadera política de seguridad pública, que restablezcan los derechos suspendidos de la población y restaurar la independencia de los poderes del Estado (Legislativo y Judicial) y mantener la prohibición de la minería metálica en el país”, reafirmó Hammond.
Vidalina Morales, directiva de ADES e integrante de la Comunidad Santa Marta, realizó un reconocimiento a todos las organizaciones nacionales e internacionales, organismos de derechos humanos y académicos que acompañan la causa de los cinco ambientalistas.
“El día 11 de enero se cumplió un año de la captura de nuestros compañeros en la Comunidad de Santa Marta y ADES, y nos juntamos para recordar esa fecha que significó para nosotros un momento crítico, en donde la primera respuesta fue unirnos y luchar por la liberación de los compañeros”, manifestó la lideresa.
“Queremos reconocer que esta lucha trascendió de la comunidad al ámbito nacional y en este espacio quiero reconocer a otras organizaciones que han participado activamente. Y reconocer su solidaridad mostrada en todas las acciones que se han articulado a la fecha, es digno de admirar y estamos seguros que sin ese aporte no hubiese sido posible la libertad con arresto domiciliario de nuestros compañeros”, reafirmó Morales.
En cuanto a los Aliados Internacionales, Vidalina Morales, agradeció como Comunidad Santa Marta y ADES, por su movilización en la “denuncia de la captura injusta de nuestros compañeros”, lo que permitió visibilizar la “arbitrariedad del gobierno” a través del régimen de excepción y que movió a la solidaridad internacional. “El próximo 4 de febrero vencerá el plazo de instrucción, y si no se solicita una nueva ampliación (por parte de la Fiscalía) de seis meses -no he sido notificado aún-, pero no puede obviar que pueden pedirlo”, explicó Stanley Muñoz Rosa, abogado defensor de los cinco ambientalistas.
“Esto significa que darían 5 días más para presentar alguna observación, sería entonces el 11 de febrero que podría presentarse el dictamen de acusación fiscal o incluso una petición de sobreseimiento. Y cuando una persona está atravesando un proceso penal debe realizarse una pronta y cumplida justicia para resolver su situación jurídica”, puntualizó Muñoz.
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