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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“En el año 2001, cuando se realizaron las primeras exhumaciones, los restos estaban calcinados, es la historia que encontramos (…) mujeres, niños y ancianos calcinados”, reseñó Carolina Cosntanza, del Centro para la Defensa de Derechos Humanos “Madeline Lagadec” (CPDH), ante la presentación de una demanda de amparo, para que la Fiscalía General de la República investigue esos hechos y se de reparación a sobrevivientes y sus familias.
El Centro para la Defensa de Derechos Humanos “Madeline Lagadec”, Asociación Pro Búsqueda y la Fundación para la Justicia, presentaron la demanda en proceso constitucional de amparo a Raúl Melara, fiscal general de la República, para agilizar las diligencias de investigación; propicie una audiencia con familias y sobrevivientes y se retomé un documento emitido por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), en el 2001, que realizó una recapitulación de los hechos y dio recomendaciones al Estado salvadoreño.
La Masacre de Tenango y Guadalupe, cantones de Suchitoto, Cuscatlán, ocurrió entre el 20 al 28 febrero de 1983, en donde un aproximado de 250 personas, entre niñas, niños, mujeres y adultos mayores fueron asesinadas en un operativo militar denominado “Guazapa 10”, que tenía como objetivo un control estratégico de ese cerro.
Y, según documentación y testimonios, la tropa estuvo bajo el mando del coronel Domingo Monterrosa Barrios, quien ha sido señalado en otras masacres como El Mozote y lugares aledaños, ocurrida en diciembre de 1981.
Carolina Constanza reseñó que desde el año 2000 vienen trabajando con sobrevivientes de la masacre de Tenango y Guadalupe. Luego, en el año 2001 se realizaron las diligencias judiciales, para las primeras exhumaciones en los lugares identificados por los sobrevivientes. Desde el año 2006, vienen demandando una investigación y sanción para los responsables de este crimen de Lesa Humanidad.
“Cuando llegamos al juzgado de Suchitoto (Cuscatlán) nos dijeron, que no tienen documentos sobre la masacre y las exhumaciones. Nosotros seguimos trabajando y en el 2008, un abogado colaborador jurídico (Luis Salazar) comenzó a presentar casos a la Fiscalía General de la República, ocho casos que fueron entrevistados, les hicieron el proceso de investigación; Medicina Legal los evalúo por salud mental, y no sabemos que ha pasado, no tenemos respuesta”, expresó Constanza.
“Esperamos que se ordene una debida y diligente investigación en la masacre de Tenango y Guadalupe”, manifestó Claudia Interiano, representante de víctimas, de la Fundación para la Justicia. Al presentar junto a la CPDH “Madeline Lagadec” y Pro Búsqueda, la demanda constitucional de amparo, al fiscal general de la República.
“No solo queremos la aclaración en la masacre de Tenango y Guadalupe, en los hechos ocurridos, incluso, no solo de la masacre en sí, sino de la desaparición de niños y niñas, de torturas a personas y se haga un análisis exhaustivo de los hechos cometidos en ese momento. Es de mencionar, que en otro caso de Tecoluca, San Vicente, hay sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que ordena la entrega de información pública, con respecto a una disputa por el acceso a la información pública, en audiencia -incluso- de la IAIP, sobre la destrucción o no de archivos militares de San Vicente y Cuscatlán, que al final, entregó el Ministerio de la Defensa (en la administración Funes), y que ahora entregamos a la Sala de lo Constitucional, como parte de la documentación anexa al amparo. Y esta misma información fue entregada ya, por la IAIP, a la Fiscalía General de la República”, reafirmó Interiano.
Eduardo García (director ejecutivo de Pro-Búsqueda) recordó que este proceso se suma, a más de 180 procesos similares que están abiertos sus expedientes en la Fiscalía, que dan cuenta de miles de personas masacradas o desaparecidas durante el conflicto armado de los años ochenta.
“Es un proceso más, que no ve la justicia. Porque de parte de las instancias competentes se hacen diligencias infructuosas, diligencias que no conducen a una investigación seria y exhaustiva para determinar quiénes son los responsables. Es un proceso donde hay obstrucción de la justicia, hay negación de la información -pese a que no hay obstáculos para ello- recordemos que no hay Ley de Amnistía, ni tampoco se necesita una Ley de Reconciliación, porque hay un Código Procesal Penal, donde están los casos tipificados. Y muchos de estos casos están, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la niñez desaparecida o por masacre de El Mozote, que generan, jurisprudencia internacional y nacional, pero el Estado salvadoreño, no reacciona ante ello, y dejan a miles de personas sin acceso a la justicia, muchos son ahora, adultos mayores, con enfermedades crónicas u otras condiciones, por el sufrimiento tan largo de no haber conocido justicia, reparación y olvidados por los tres órganos del Estado”, sentenció García.
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