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Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
José María Tojeira, sacerdote y director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), informó que la demanda presentada ante la Sala de lo Contencioso Administrativo contra los diputados por incumplimiento de deberes en lo que respecta a la elección de magistrados fue admitida por dicha instancia y continúa el debido proceso.
El representante del IDHUCA explicó que el proceso solicitado contra los parlamentarios sigue su curso normal a pesar que ya se efectuó la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ya que los legisladores cometieron un ilícito al dilatar más de 200 días en el proceso.
“Hubo un incumplimiento o falta respecto a la legislación vigente y existe una responsabilidad que deben cubrir, estamos preocupados también que se deje acéfala a la Fiscalía cayendo de nuevo en el mismo tipo de irresponsabilidad y queremos hacer conciencia de que se puede de nuevo demandar a los diputados en caso que incumplan con sus funciones”, dijo Tojeira.
El titular del IDHUCA destacó que los diputados deben responder a la demanda individualmente en audiencia masiva y consideró positivo para la realidad del país que la ciudadanía tenga capacidad de monitorear y auditar el cumplimiento de funciones de las autoridades del país.
Los representantes del IDHUCA también brindaron detalles de una reunión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que se tocaron temas como la elección del fiscal general de la República debido a la falta de procedimientos para dicho proceso. “Los estándares internacionales establecen que para una elección de este tipo se requiere de un proceso transparente, público, pero sobre todo de unos criterios objetivos para poder elegir un fiscal, algo que según vemos no tiene ni la Comisión Política, ni la subcomisión que entrevista a los candidatos”, expuso Arnau Baulenas, coordinador de Procesos de Justicia del IDHUCA.
Para los participantes en la reunión de la CIDH, el hecho de no tener estos criterios se presta a un juego político e incluso de corrupción porque si no se pueden evaluar a los candidatos de manera objetiva, esto hace posibles negociaciones a puerta cerrada.
En otro tema tratado durante la sesión, los miembros del IDHUCA expusieron avances alcanzados en el caso Jesuitas que se reaperturó en abril de este año y en la actualidad se encuentra en la Cámara Tercera de lo Penal.
“Esperaríamos que en los últimos días haya una resolución sobre el caso porque no puede ser que se vaya dilatando el acceso a la justicia y derecho de las víctimas a conocer sobre la autoría intelectual por maniobras dilatorias o por cambios de la cámara sin mayor explicación y racionabilidad, se demore mucho”, consideró Baulenas.
IDHUCA consideró que si bien en las cámaras de justicia penal hay mucha carga laboral, el caso Jesuitas, por tratarse de un crimen de lesa humanidad, debe tener preferencia a la hora de emitir resolución.
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