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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“El cultivo de la caña de azúcar en El Salvador genera una serie de afectaciones a la biodiversidad, la sobre explotación del agua, a la salud de las personas y al medio ambiente en general”, dijo Judith Guevara, activista de la UNES.
Las organizaciones: UNES, CORDES, MESUTSO, ALGES, CRIPDES, ECOS, ACAFREMIN, ARUMES, FESPAD, Voces en la Frontera, Foro del Agua y la Mesa por la Soberanía Alimentaria presentaron una carta a la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa, con el fin de informar sobre los impactos negativos que este monocultivo está generando en el territorio nacional.
Estas comunidades, junto a las organizaciones ambientalistas, han venido denunciando que en los cañales, además de las quemas se están utilizando alrededor de 11 plaguicidas, entre ellos, el Glifosato, que lo utilizan como madurante de la caña, que es altamente tóxico.
Existen miles de investigaciones y reportes que demuestran los problemas que causa este plaguicida. Y que en la mayoría de países de la Unión Europea está prohibido desde hace una década, y por el contrario en el país se vende sin control, y se sigue utilizando de manera indiscriminada.
“La quema de caña de azúcar como una práctica de los ingenios azucareros que maximizan sus ganancias mediante la eliminación de una gran cantidad de materia orgánica, lo que disminuye de esta forma los costos en la recolección, transporte y procesamiento, pero que, a la vez genera graves impactos en los ecosistemas y en la población”, dice Judith Guevara.
“Cuando se quema un cultivo de caña la temperatura puede alcanzar más de 700o centígrados, lo que esteriliza el suelo y en consecuencia disminuyen su fertilidad. Estas altas temperaturas alteran el microclima, la humedad y hasta las lluvias de la región e igual de grave es el impacto directo sobre la fauna que se desarrolla dentro y alrededor de los cañales”, sostuvo Guevara.
Las organizaciones y comunidades señalaron la importancia de esta problemática en el debate nacional por lo que llegaron a la Asamblea Legislativa, para que aborde de manera integral esta situación, que consideraron que aún “se encuentra pendiente desde el gobierno”.
Aunque, consideran que frente a reportes de la generación de divisas y ganancias como la zafra (2021-2022), que cerró con un total de 17.5 millones de quintales de azúcar, que significó un incremento del 2.9% de la cosecha anterior, son más visibles que la garantía de los derechos a la salud, la vida humana y del medioambiente.
“La quema genera gases tóxicos que afectan la salud pública, y contribuyen al cambio climático. Los primeros afectados son los trabajadores y trabajadoras que respiran el humo, seguidamente de las comunidades que habitan las regiones circundantes a los campos de caña; pero, además, está documentado que debido a la influencia de los vientos las cenizas y humo tóxico alcanza distancia hasta de 50 kilómetros de circunferencia”, acotó.
“Estas prácticas dañinas se realizan pese a que en el país existe un marco legal que establece regulaciones e incluso prohíbe las quemas. El año pasado, mediante un dictamen de esta comisión legislativa se aprobó el Decreto No 5, en el que se prohiben estas quemas en presencia de vientos fuertes o cuando fuera declarada Alerta Roja por Vientos 2, sostuvo Guevara.
Las organizaciones, en la vocería de Guevara, consideran que es un “decreto importante”, aunque insuficiente en la regulación de este grave problema que afecta a las comunidades y al medio ambiente. Porque este marco de regulación no es atendido por los cañeros que aún con vientos fuertes realizan las quemas que muchas veces, se les ha escapado de las manos y se convierten casi en incendios forestales.
“Se violenta el marco legal existente, que contiene diversas herramientas que posibilitan a las instituciones hacer una regulación efectiva. Entre ellas el artículo 117 de la Constitución de la República, que es deber del Estado proteger los recursos naturales y la diversidad e integridad del medio ambiente”, afirmó.
“La Ley del Medio Ambiente en su artículo 42 establece que el Estado y sus entes están obligados a evitar las acciones que deterioren el medio ambiente y denuncian ante las autoridades competentes la contaminación que pueda perjudicar la salud, la calidad de vida de la población y los ecosistemas y así muchas leyes más”, reafirmó Guevara.
Asimismo, las organizaciones y comunidades reiteraron su denuncia en cuanto a la prohibición del riego de plaguicidas por vía área que consideran un método inadecuado porque el 70% de esa sustancia realmente, suele terminar en los lugares en donde no se necesita.
Y en cuanto a la quema de rastrojos señalaron la pérdida permanente de nutrientes del suelo, la pérdida de flora y fauna silvestre y la explotación de aguas superficiales y subterráneas, que violentan los derechos elementales de la población campesina que no cuentan con políticas públicas adecuadas, condenándolos a vivir en vulnerabilidad frente a los propietarios de los ingenios o dueños de las tierras que si reciben un paquete de medidas económicas y compensaciones por el Estado por la explotación de los bienes naturales del país.
