Demandan al Estado por destituciones de magistrados

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El Centro de Asesoría Legal Anticorrupcion de El Salvador (ALAC) y CRISTOSAL, en representación de los magistrados destituidos el primero de mayo por el oficialismo, presentaron una denuncia contra el Estado salvadoreño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH) para que proceda a elevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para que se pueda restablecer el orden constitucional de El Salvador que se perdió el primero de mayo.

La primera acción del partido oficialista fue destituir «arbitrariamente» a los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y nombró a nuevos magistrados afines, «incumpliendo procedimientos constitucionalmente establecido», señalaron.

Agregaron que con la remoción de los magistrados de la Sala constituyó un golpe al sistema de frenos y contrapesos y a la independencia de órganos, provocando una desproteccion a la ciudadanía que se va agudizando cada vez más.

Wilson Sandoval, de ALAC, señaló que en la denuncia, solicita a la Comisión Interamericana, que una vez analizada y siguiendo el proceso establecido, condene al Estado salvadoreño y ordene reparar el daño provocado, reinstalando en sus cargos a los magistrados que fueron destituidos el primero de mayo.

También, en el documento presentado ante la CIDH exponen que a los exmagistrados se les aplicó una destitución «sumarísima» como sanción de infracciones que no se encuentran tipificadas en ninguna ley formal salvadoreña.

Por tal acción, las organizaciones activaron los mecanismos internacionales disponibles para tratar de revertir los efectos de la decisión «inconstitucional» y «violatoria» de derechos humanos tomada por la bancada oficialista, que ha traído a la ciudadanía según las organizaciones, «desprotección, incertidumbre y retrocedo del Estado de Derecho en el país».

Está medida fue apoyada por los jueces del Órgano Judicial, ya que recientemente el oficialismo aprobó unas reformas a la Ley de la Carrera Judicial para que todo aquel juez, jueza, magistrados de cámara, que estén por encima de 60 años o que hayan cumplido 30 años ejerciendo su profesión serán cesados de su cargo.