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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Cristosal interpuso 17 demandas ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo contra el Ministro de Salud (MINSAL), por incumplimiento del pago de la compensación económica contemplado en el decreto 723, a los familiares del personal de la red pública de salud que fallecieron entre el 14 de marzo y el 23 de julio de 2020 en la atención al COVID-19.
Las familias del personal de salud fallecido llevan más de dos años esperando la compensación económica de $30,000, cantidad establecida en la Ley Especial Transitoria para la Constitución del Fondo de Compensación Económica para Familiares del Personal de Salud; la cual fue aprobada en junio de 2020 por la Asamblea Legislativa y sancionada por el presidente de la República en septiembre del mismo año.
Cristosal exigió al Juzgado de lo Contencioso declare que el Ministerio de Salud ha incurrido en inactividad, lo condene al cumplimiento de sus obligaciones en los términos precisos establecidos en la ley y entregue $30,000 en concepto de compensación económica a las familias del personal de salud fallecido por COVID-19.
“El ministro de Salud en una ocasión dijo que no había presupuesto, pero el año pasado Salud tuvo un presupuesto de $2.3 millones para gastos superfluos de publicidad, es inexcusable que el ministerio a estas alturas no responda a quienes durante toda la pandemia llamó héroes”, señaló Ruth López, jefa anticorrupción y justicia de Cristosal.
López externó que estas son personas fallecieron dando su vida en la atención del COVID-19, son quienes no tuvieron las condiciones ni el equipo de seguridad, porque el Ministerio y las instituciones de Salud no se los brindaron a tiempo.
“Los familiares han hecho gestiones en el Ministerio de Salud donde han reclamado el reconocimiento que la ley les establece de una compensación económica y hasta este día el Ministerio no lo ha dado. El Ministerio ha actuado de una forma poco diligente, ha perdido sus documentos y simplemente les da largas”, reiteró López.
De acuerdo con esta ley, el MINSAL debió elaborar, dentro del plazo de quince días hábiles posteriores a su entrada en vigor, un registro con la información de todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud fallecidos en el período señalado, para identificar a los familiares que tendrían acceso a la compensación. Además, tuvo que administrar y garantizar los fondos para su entrega.
La jefa anticorrupción y justicia de Cristosal calificó de negligente el actuar de la cartera de Salud al no cumplir las demandas de los familiares, entre las que está atención psicosocial, además, ceder una franja de terreno del antiguo Hospital de Maternidad y construir una plaza pública, con visión ecológica en honor al personal de salud fallecido en atención a la pandemia del Coronavirus.
