Demandan aplicación de leyes que garantizan derechos a adultos mayores y a discapacitados

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

La Coalición por la Dignidad de las Personas Adultas Mayores El Salvador Centroamérica (La Coalición) y la Alianza Nacional por la Dignidad de las Personas con Discapacidad, demandan la aplicación de las leyes promulgadas que reconocen y garantizan los derechos humanos por parte del Estado salvadoreño.

Emilio Espín, coordinador nacional de La Coalición y representante de la sociedad civil en CONAIPAM, así como Red Envejecer con Dignidad para Centroamérica y el Caribe, la Red CORV para toda América Latina y HelpAge a nivel global, manifestó que el país cuenta con la mejor legislación internacional y nacional para las personas mayores, pero que no se aplican.

“Nosotros nos cansamos de esperar y de ver como las personas mayores sufrían y morían cada día sin gozar de los derechos conquistados, por lo que nos pusimos en la tarea de organizarnos, unirnos y desarrollar una incidencia creativa e inteligente aportando ideas a las leyes”, reseñó Espín.

De ese trabajo colectivo lograron en el año 2022, a escala internacional la creación de la Convención Interamericana de Derechos de las Personas Mayores (OEA), y a escala nacional la Ley Especial, el Modelo de Atención en Salud y la Política Nacional de la Persona Adulta Mayor.

“Hoy ya no necesitamos más leyes en letra muerta, lo que necesitamos es la aplicación de las leyes conquistadas y aprobadas con sus reglamentos y presupuesto digno y suficiente”, agregó.

“Es evidente que el gobierno tiene otras prioridades y si vemos los brutales recortes presupuestarios, estos afectan claramente a la mayoría de la ciudadanía de la sociedad”, manifestó Espín.

Asimismo, señaló que existe una “distribución injusta e inequitativa” del Presupuesto General de la Nación, citando el presupuesto asignado al programa “Crecer con Cariño”, que cuenta con 10 millones de dólares semestrales, que consideró “contradictorio” frente a la reducción de la tasa de natalidad que marca un 35% en los últimos 10 años.

“Hay una gran inversión en el Instituto de Bienestar Animal y de su hospital, que es muy superior en comparación con los recortes a los diversos hospitales públicos del país, para los seres humanos de todas las edades”, indicó.

“Mientras, en el CONAIPAM (atención a adultos mayores) su presupuesto es de 500 mil al año con una población de cerca de 900 mil personas, según el reciente Censo de Población, además del proceso acelerado y creciente de envejecimiento en el país”, acotó Espín.

Asimismo, lamentó “la indiferencia del Estado” con el CONAIPAM, que pese a sus pocos recursos “está luchando para hacer funcionar el organismo”, sin embargo, no tiene la capacidad para cubrir todos los temas más sensibles de la legislación para una vida digna de las personas adultas mayores, lo que termina por afectar a esta población.

Protección Civil y población adulta mayor

Emilio Espín reconoció que hay avances en materia de Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres para Personas Mayores y Personas con Discapacidad, pero aún era “insuficiente” al comentar que el CEPREDENAC y el SICA, pese haber expresado contar con este componente, no son aún vinculantes con todos los entes rectores en diversos países.

“La Dirección General de Protección Civil a nivel nacional tiene buenos equipos humanos y están realizando un buen trabajo, pero no cuentan con el presupuesto y equipamiento necesarios”, consideró.

“En la prevención no sólo es el rol de la DGPC, también están las otras instituciones de Gobierno, porque hay que desplazar población por los altos riesgos recurrentes o porque es necesario construir bordas de calidad y duraderas; o también se puede requerir de construcción de viviendas dignas, educación inclusiva e iniciativas económicas para la población afectada”, manifestó Espín.

Del mismo modo, reconoció que el gobierno aprobará la Política Nacional de Cuidados, porque era una “deuda histórica”. No obstante, al representar organizaciones de adultos mayores y personas con discapacidad, señalaron sus dudas sobre los alcances y efectividad para las personas cuidadoras familiares en el área urbana y rural.

“Esas personas sufren en silencio, con bajo nivel educativo formal, sin acreditación, con daños físicos y psicológicos, sin ningún incentivo económico y formación técnica apropiada incluyendo las terapias necesarias”, expresó Espín.

Personas con discapacidad exigen presupuesto digno 

Vilma Guzmán, de la Alianza Nacional por la Dignidad de las Personas con Discapacidad, demandó del Estado salvadoreño que la Ley Especial para Personas Mayores y la Ley Especial de Inclusión para Personas con Discapacidad fueran dotadas de un presupuesto adecuado.

“Queremos un presupuesto justo y digno para que sean aplicados con sus respectivos reglamentos. Y así reivindicar los derechos de las personas con discapacidad y promover la participación activa y efectiva en la sociedad”, dijo Guzmán.

Para la Alianza Nacional por la Dignidad de las Personas con Discapacidad, la palabra clave es la “inclusión”, ya sea, para los marcos jurídicos o políticas. Así como el enfoque integral no sólo para garantizar sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales. también en ámbitos de la gestión del riesgo.

“Queremos un real cumplimiento de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo; la elaboración del Reglamento de la Ley Especial de Inclusión, el cual debe ser elaborado con la participación activa de personas con discapacidad y una asignación presupuestaria coherente con las necesidades y realidad de las personas con discapacidad”, manifestó Guzmán.

Agenda 2025: demandar la responsabilidad del Estado 

David Portillo, de la Alianza Nacional por la Dignidad de las Personas con Discapacidad, expresó que seguirán en sus agendas de trabajo en combinación con La Coalición, para impulsar juntos sus demandas que comparten en común.

“Sabemos también que hay personas adultas mayores o con discapacidad, en comunidades lejanas en donde nadie las ve o atiende.

Y queremos desarrollar más proyectos que realmente sean planteados y desarrollados para nosotros y que funcionen”, opinó.

“Buscaremos estos objetivos en este año 2025, continuaremos con las luchas, porque sabemos que estamos a tiempo, nunca es tarde para podernos unirnos y así trabajar de la mano, porque es muy importante el tema del adulto mayor y personas con discapacidad”, puntualizó Portillo.