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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Los comités y organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas forzosamente dieron un paso adelante y unieron sus demandas frente al Estado salvadoreño, a quien solicitan la creación de mecanismos de búsqueda, investigación y resarciamiento a los familiares. Todo lo anterior en el marco de los estándares del derecho internacional en materia de derechos humanos.
En el marco del “Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada” (COFAMIDE) y Asociación Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, celebrarcon el Foro “¿Cómo hacemos búsqueda de Nuestros Desaparecidos?”,
En este contexto, la Asociación de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado (ProBúsqueda); el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador y la Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE), manifestaron su acuerdo de unir esfuerzos de sus seres queridos, ante el “silencio gubernamental”, en relación a los casos de desaparición forzada.
Omar Jarquín, director de COFAMIDE, afirmó que representan las “voces de miles de familias”, y comparten el “dolor” de la desaparición forzada de un ser querido en distintos ámbitos, circunstancias y en diveresos momentos de la historia de El Salvador.
“Miles de familias en países como México, Guatemala, Honduras y El Salvador, siguen enfrentando en diferentes contextos el continuo de encontrar a su ser querido, de saber qué le ha ocurrido, de conocer su situación, en qué lugar está y si está vivo o fallecido”, expresó Jarquín.
En el mensaje colectivo estos cómites demandan de manera “urgente” un abordaje integral de este fenómeno dentro de parámetros que exigen los organismos de derechos humanos internacionales. Así como, erradicar la desaparición forzada en los países comenzando con la prevención, protección a derechos humanos, políticas nacionales y regionales eficientges, enmarcadas en los principios rectores de búsqueda de personas desaparecidas del Comité de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En cuanto a los “mecanismos de búsqueda”, Jarquín señaló que estos deberán contar con la participación de los familiares que integran las organizaciones de búsqueda, por su conocimiento y experiencias adquiridas en su búsqueda, y que están dispuestos a compartir con las instituciones de gobierno.
“Los comités de búsqueda, lo que pedimos a nuestro gobierno es que inicien esas búsquedas de nuestros familiares. Somos de diferentes contextos y situaciones, pero es un familiar el que se nos desapareció y andamos en la búsqueda de ellos y ellas”, explicó.
“Lo que queremos es una respuesta, y les rescordamos esto: buscar a personas desaparecidas le toca a nuestro gobierno. Y esperaríamos que si están preparando una estrategia de búsqueda, pues nos gustaría que se agilice, eso significa rápido, significa pronto, y que nos incluyan”, reiteró Jarquín.
Mientras, Ana Julia Escalante, directora de Pro Búsqueda, con una trayectoria de 39 años en la búsqueda y localización de niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado, podían dar aportes estratégicos en las investigaciones del paradero de las personas desaparecidas forzosamente. “Aquí estamos tres organizaciones, todas integradas por familiares de los desaparecidos, está COFAMIDE, un grupo de familiares que buscan a sus desaparecidos en la Ruta del Migrante, y tenemos al Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador, que son madres y familiares que buscan a tantos jóvenes y adultos desaparecidos forzozamente, y si bien son diferentes contextos tenemos en común el familiar desaparecido”, reiteró Escalante.
Pro Búsqueda inició con una 1,083 denuncias de niñez desaparecida (1994), que el Informe de la Verdad no incluyó esta cifra de niños y niñas, cuando presentó su documento oficial en el que registró alrededor de 8 mil casos de personas desaparecidas durante el conflicto armado.
“Se necesitan mecanismos de búsqueda reales, que exista un acompañamiento a las familias que sufren tanto las del pasado como el presente. Y cuando hablamos de personas desaparecidas no hay pasado o presente, es un caso presente para el familiar y los Estados deben de reconocer su responsabilidad en la identificación, localización y especialmente llevar la verdad a las familias”, argumentó.
“Nos unimos como comités de familiares que buscan a sus seres queridos, porque hay métodos científicos para identificar a las personas desaparecidas en estos diversos contextos de desaparición, y porque siempre hemos promulgado el Banco de Perfiles Genéticos, que respondería a estos mecanismos de búsqueda”, consideró Escalante.
“Nos unimos como Comités de Familiares que buscan a sus seres querdidos, es también el hecho de que existan también pruebas científicas para localización e identificación de estas personas desaparecidas en estos diversos contextos. Siempre hemos promulgado que debe existir un Banco de Perfiles Genéticos que respondan a estos mecanismos de búsqueda.
“Somos madres unidas por el mismo dolor ante la falta clara de la respuesta estatal”, expresó Eneida Vargas, del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador, al afirmar que sólo en el último quinquenio tuvieron conocimiento de “600 desapareciones forzadas”, pero ahora, por reserva a la información oficial, no cuentan con un detalle claro de cuántos casos se han acumalado.
“Mi hijo Carlos Ernesto Santos Abarca desapareció el 1 de enero de 2022, son 21 meses, estoy hablando de un contexto que no ha variado en las respuestas de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, sobre los desaparecidos”, manifestó.
“Tenemos casos en el Bloque, el caso de Rodrigo Montalbán, de 2018, y las respuestas de la Fiscalía y la Policía, han sido -su hijo ya va a regresar se ha ido de fiesta- esa es una revictimización, esos comentarios para nosotros como familiares. Y esa es la Fiscalía y Policía de años anteriores y la actual, es lo mismo”, opinó Vargas. Para Ovidio Mauricio González, coordinador de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, el tema de la desaparición forzada en el país Centroamérica y México es una violación a los derechos humanos de la población.
“Es un problema del que se han aprovechado los gobiernos y de la fragilidad del migrante en su ruta, como los compañeros de COFAMIDE, al hablar de estas desapariciones, en donde los Estados están dispuestos a evadir su responsabilidad. Y el problema inicia en cada Estado que expulsa a sus habitantes al no brindar oportunidades de desarrollo en sus países de origen”, señaló.
“El Estado falla también con los desaparecidos actuales y del pasado, al no realizar una verdadera investigación sobre estas desapariciones forzadas; es como si no les interesa lo ocurrido a las personas desaparecidas de esa estrategia de grupos delincuenciales que se aprovechan de esta indifirencia y sin estrategias para investigar, el flagelo seguirá en toda Centroamérica y México”, concluyó González.
