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@GloriaCoLatino
Las organizaciones sociales aglutinadas en la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia entregaron a la Sala de lo Constitucional una carta que demanda el cese de las acciones directas o indirectas que contribuyen a la desestabilización del país.
Samuel Ventura, hospital de ACUA, and afirmó que estas actitudes a la larga contribuyen a construir un clima de incertidumbre que busca fortalecer a la derecha y por ende descalificar al actual gobierno.
“Nos preocupa profundamente una serie de acciones y omisiones de la Corte Suprema de Justicia, troche en específico de la Sala de lo Constitucional, que omite ciertas demandas sociales o sentencia a favor del poder oligárquico, lo que contribuye al clima de desestabilización de la derecha partidaria, gremial y mediática”, dijo Ventura.
Los grupos sociales criticaron también la decisión de la Corte, que retiró a los magistrados Doris Luz Rivas y Florentín Meléndez, del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, una iniciativa de diálogo nacional que impulsa la administración del Presidente Salvador Sánchez Cerén.
“Queremos que esos magistrados retomen su participación en el Consejo de Seguridad, porque consideramos irresponsable retirarse cuando la unidad nacional es un factor elemental para contrarrestar la violencia criminal y mediática”, afirmó.
Leonel Herrera, de ARPAS, abordó el tema de las sentencias de la Sala de lo Constitucional que avalaron tratados de libre comercio y revierten reformas fiscales que toca a los grandes empresarios.
“La Sala procesa demandas contra proyectos estratégicos para el desarrollo del país, como el SITRAMSS; congelan fondos por 900 millones de dólares, que servirían para financiar la seguridad y por lo contrario emite una sentencia a la Ley de Telecomunicaciones que genera condiciones para aumentar la concentración de los medios y asesta un duro golpe a la democracia deliberativa”, indicó.
Margarita Posada, coordinadora del Foro Nacional de la Salud (FNS) afirmó que debe cesar esa campaña mediática de terror como la alerta de bomba en el SITRAMSS o Centro de Gobierno, que forman parte de las acciones utilizadas por la derecha venezolana y ecuatoriana.
“Sabemos que la campaña es asesorada por golpistas de Venezuela y Ecuador, porque tuvieron una encerrona con miembros del partido de derecha el 17 de agosto. Hasta los mismos movimientos que Estados Unidos está promoviendo en Guatemala y Honduras, han creído que pueden calcar esa situación en el país, pero los grupos oligárquicos se han equivocado porque los gobiernos corruptos fueron durante los 20 años de ARENA”, afirmó.
Roswell Solórzano, del SITOJ, reiteró el llamado al Sistema Judicial de realizar una profunda depuración de jueces y juezas, que no contribuyen a la aplicación de la justicia en el país.
“Tenemos los nombres de jueces –pero será en otro momento que digamos quienes son- pues a esos jueces la Corte Suprema de Justicia lejos de sancionarlos por prácticas irregulares y corruptas, los está premiando con 35 mil dólares de compensación al pedirles que renuncien… esto no puede ser”, señaló.
En cuanto a la marcha que se está convocando para el próximo 5 de septiembre, la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia, lo atribuyó a un plan de desestabilización de grupos de derecha.
Leonel Herrera consideró que “esa marcha forma parte de esa estrategia de desestabilización de ARENA, que tiene una doble vía de acción, por un lado participa de manera hipócrita en mesas de diálogo, como la firma que estampó en la interpartidaria; pero por otro lado agita a sus bases y convoca a movilizarse contra proyectos de cambio”, aseguró.
