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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Integrantes de las Juntas de Agua Rurales de Morazán, se presentaron ante la sede de la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), para presentar una serie de propuestas para el abordaje de la problemática de las Juntas de Aguas Rurales y Urbanas, y el impacto que tendrían en la administración de estas instancias sin fines de lucro.
Silvia Márquez señaló que luego de estudiar la Ley General de Recursos Hídricos han encontrado algunos artículos que vendrían a afectar el sistema de operación y administración de las Juntas de Agua, en comunidades en situación de vulnerabilidad históricamente.
El pasado 21 de diciembre de 2021 fue aprobada por la legislatura oficial la Ley General de Recursos Hídricos, que ha generado un cierto cúmulo de dudas de parte de las Juntas de Agua, por considerar que tendrían impactos severos en la ya limitadas economías de estas administradoras comunitarias.
“Muchos de los artículos de la ley de agua no nos convienen, pero tenemos una serie de propuestas y contenidos fundamentales para la elaboración de un Reglamento de Atención a Juntas de Aguas Rurales y urbanas. En el artículo 109 de la ley determina el cobro del canon (impuesto) del agua, que incluye a las juntas de agua y no determina cuánto se pagara”, afirmó Márquez.
En cuanto a la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA),agregó Márquez, el artículo 110 genera preocupación porque las Juntas de Agua no tienen finalidad de lucro, y pagar un impuesto por la extracción del agua y vertido eleva la precariedad económica.
“Lo que se recauda del servicio del agua ya se tiene destinado para pagar la factura de energía eléctrica, el personal administrativo y el de mantenimiento del mismo sistema”, sostuvo.
Las juntas opinaron que según lo establece el artículo 35, sugieren a las instancias de Salud y Medio Ambiente a que fomenten el desarrollo de las capacidades de las Juntas de Agua, desde un trabajo de abastecimiento de agua potable y brindar asistencia técnica y ayuda económica posible.
“La propuesta también es establecer disposiciones y mecanismo para el reconocimiento, organización, constitución, legalización, funcionamiento, fortalecimiento de capacidades y subisidios de las Juntas de agua existentes en el país y de las que el futuro se constituyen, conforme a este reglamento”, afirmó.
“También, se deben establecer las condiciones para la participación de las Juntas de agua en acciones de tratamiento y depuración de aguas residuales; así como, establecer los parámetros para la definición del pago simbólicos del canon por el uso del agua”, acotó Márquez.
En cuanto a la propuestas del abordaje a la problemática de las juntas de agua rurales y urbanas, Milton Gallardo, del Foro del Agua, señaló que se debe crear un Registro Nacional de Juntas de Agua Potable, y que esté dispuesta como una dependencia del MINSAL.
“El registro sería responsable de la legalización, recepción y custodia de la información relevante sobre las juntas de agua potable rurales y urbano -marginal , así como la emisión y actualización de documentos de acreditación de los directivos y organizaciones”, agregaron.
Asimismo, reiteraron la necesidad de definir un “pago simbólico” por canon por el uso del agua de las Juntas de Agua Rurales y Urbano Marginales, y que dicho pago debe partir de las capacidades de las personas, el uso del agua y la garantía del derecho humano al agua porque su interés es social y no mercantil.
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