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Washington / Prensa Latina
Martha Andrés Román
La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, quiere cambiar el sistema de asilo como lo conocemos, expresó una abogada envuelta en demandas contra el Gobierno por sus controvertidas medidas para reducir las solicitudes de esa protección.
Melissa Crow, abogada supervisora sénior de la organización defensora de los derechos civiles Southern Poverty Law Center (SPLC), declaró en entrevista telefónica con Prensa Latina que el ejecutivo del mandatario republicano mantiene una guerra continua contra las personas que buscan ese tipo de refugio.
Esto resulta trágico, sobre todo dado nuestro compromiso con normas internacionales adoptadas después de la Segunda Guerra Mundial, incluida la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1951, y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, de 1967, manifestó la letrada.
Crow es una de las impulsoras de la demanda y la moción de emergencia interpuesta en San Francisco, California, por el SPLC, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles y el Centro de Derechos Constitucionales contra una nueva regla que la administración puso en vigor el 16 de julio.
La polémica medida, denunciada por grupos de defensa de los inmigrantes y muchos otros sectores, considera inelegibles para solicitar asilo a quienes lleguen a Estados Unidos sin haber pedido esa protección en los países de tránsito por los que pasaron antes.
Como explicó la abogada, tal regulación solo dejaría de aplicarse si quien realiza la petición fue objeto de trata de personas, si la nación por la que atravesó anteriormente no es signataria de alguno de los principales tratados internacionales de gestión de refugiados, o si buscó protección en otro territorio y allí le fue negada.
Ante la aplicación de esa norma, que puede afectar a miles de migrantes, entre ellos centroamericanos que huyen de la violencia en sus lugares de origen y deben atravesar México para llegar al sur estadounidense, las organizaciones mencionadas pidieron en la corte californiana orden de restricción temporal que bloquee ese reciente paso del ejecutivo.
Según precisó Crow, también quieren vincular la demanda interpuesta ahora con una reclamación presentada a finales de 2018 para impedir que la administración Trump prohíba las aplicaciones de asilo de quienes no arriben por los puertos de entrada.
En esa queja previa, bautizada como East Bay Sanctuary Covenant contra Trump, el juez John Tigar emitió en noviembre una orden de restricción temporal, y al mes siguiente decidió prolongarla para evitar que se aplique la política mientras dure el proceso en los tribunales.
Tanto en ese caso, como en la regla desafiada ahora, los demandantes argumentan que la administración está violando la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), la cual establece que los no ciudadanos pueden solicitar asilo independientemente del lugar por donde ingresen a Estados Unidos, ‘ya sea que se encuentren o no en un puerto designado de llegada’.
Quienes provienen de un país que no es contiguo necesariamente transitaron por otra nación antes de llegar a la frontera sur. Por lo tanto, el Congreso garantizó que ellos también deberían poder buscar asilo sin restricciones categóricas basadas en su ruta, indicó el texto de la última reclamación, nombrada East Bay contra Barr.
Al profundizar en este punto, Crow detalló que, según la INA, una persona solo es inelegible para el asilo si fue reasentada en un país de tránsito antes de arribar a territorio norteamericano, lo cual significa que se le dieron en ese lugar los mismos derechos básicos de sus residentes.
La legislación también indica que el asilo no está disponible si el fiscal general determina que el extranjero puede ser trasladado, de conformidad con un acuerdo bilateral o multilateral, a un país en el que su vida o la libertad no se verían amenazadas por raza, religión, nacionalidad u opinión política, entre otros motivos.
En ese sentido, la letrada recordó que el único territorio con el que Washington tiene un pacto de ese tipo es con Canadá, en tanto los intentos de negociar un convenio similar con México y Guatemala no se han concretado.
Ninguna de esas dos condiciones está presente en el caso de la nueva regla, advirtió la abogada del SPLC, quien agregó que el Gobierno de Trump está tratando de cambiar la ley sin contar con el Congreso.
Asimismo, sostuvo que al adoptar la norma reciente la administración no abrió un periodo de aviso público y comentarios sobre la medida, el cual es requerido cuando se emiten nuevas regulaciones, ‘excepto bajo circunstancias muy limitadas que no creemos que apliquen en este caso’.
Por eso, la reclamación sostiene que la regla contra los migrantes que pasan por un tercer país también infringe la Ley de Procedimiento Administrativo.
La letrada estimó que estas y otras políticas del ejecutivo constituyen acciones draconianas que están violando obligaciones contraídas por Estados Unidos bajo normativas domésticas e internacionales.
Desde su llegada a la Casa Blanca el 20 de enero de 2017, Trump impulsa una agresiva agenda contra la inmigración ilegal que cuenta con el apoyo de gran parte de su base republicana, pero que provoca muchas críticas dentro y fuera de esta nación por su tratamiento de los inmigrantes en situación irregular.
En total, el SPLC y sus socios emprendieron cuatro reclamaciones contra las normas adoptadas durante la actual presidencia para limitar el asilo.
Además de las dos ya referidas, Crow señaló que introdujeron una en julio de 2017 para desafiar la práctica de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de rechazar a los solicitantes de asilo que se presentan en los puertos de entrada, sobre la cual están esperando la decisión de un magistrado en San Diego, California.
Esa acción en específico se opone a la táctica conocida como metering (o regulación de las entradas), mediante la cual la CBP limita el número de personas que pueden solicitar asilo en un puerto de entrada cada día y establece una lista de espera que obliga a los migrantes a aguardar su turno en México.
Tal práctica, afirmó Crow, resulta en que unas 18 mil personas están esperando en diferentes lugares al sur de la frontera. Asimismo, en febrero último interpusieron otra demanda para bloquear la política que obliga a los solicitantes a regresar a México y permanecer allí mientras se consideran sus casos.
En muchas ocasiones anteriores los tribunales fallaron contra el Gobierno en reclamaciones presentadas frente a las políticas de Trump, lo cual podría ser visto como una confirmación de que, en efecto, el ejecutivo está cometiendo violaciones para avanzar la agenda del jefe de Estado.
Aunque Trump culpa a los jueces liberales por sus derrotas legales, un análisis del diario The Washington Post publicado en abril arrojó que la administración sufre golpes en cortes de todo el país y también ante magistrados conservadores.
